Conectividad en barrios populares, una deuda que excede la brecha educativa

Esta semana, el Ministerio de Educación de la Ciudad citó al supervisor del Distrito 19, Carlos Di Franco, para avisarle que le iniciará un sumario administrativo y recibirá una sanción por no haber avisado que recibió tarjetas de 250 pesos del Enacom para que alumnos de barrios populares puedan conectarse con la escuela.

“Representan un modo de adquirir por adelantado minutos del servicio telefónico y, por ende, facilitar la comunicación de las familias con escaso o nulo acceso a este servicio”, explicaron supervisores porteños en una carta a la ministra Soledad Acuña.

En defensa de Di Franco, argumentaron que puso por delante el interés superior de niños, niñas y familias, siguiendo las atribuciones que le confiere el Reglamento Escolar (artículos 77.5 y 91.13). Ahora, los docentes temen que esto se convierta en  una excusa para demorar la entrega de las tarjetas y que más estudiantes sigan viendo vulnerado su derecho a la educación.

El director General de Educación de Gestión Estatal, Fabián Capponi, fue quien inició el sumario. Es el mismo funcionario que en julio organizó una fiesta en el edificio de la cartera educativa porteña y fue filmado bailando sin barbijo.

Mientras tanto, el 65% de los 4416 barrios populares registrados en el Renabap no tiene acceso a conectividades, y los de la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, no son la excepción.

Las nuevas tecnologías profundizaron la desigualdad social y la pandemia la volvió agenda. Esto no solo afecta la posibilidad de acceder a clases virtuales de más de 6500 estudiantes de la Ciudad, sino también la de vincularse con familiares que no estén en un mismo territorio, además del acceso a otras políticas públicas. Así como a principios de año dificultó e imposibilitó a muchas personas inscribirse en el Ingreso Familiar de Emergencia, en estos días, el problema se extiende a la inscripción a las escuelas para el ciclo 2021.

“Anoche queríamos entrar para la inscripción de la nena y hoy tuvo que intentar otra compañera”, ejemplifica Natalia Molina, integrante de la Junta Vecinal de la Villa 21-24 y militante del MP La Dignidad. “Si vos tenés que pagar dos lucas y no tenés trabajo, en medio de la pandemia, sin changas, eso tenés que invertirlo en un servicio. Hay compañeras que alquilan. Cuesta 6000 o 7000 pesos por mes una pieza chiquita con baño y cocina compartida. ¿Y si la compañera tiene solo la AUH y come en comedores? Eso solo le cubre la subsistencia, no hay plata para Internet”, denuncia. 

Lucas Bogado, también miembro de la Junta Vecinal y militante del Movimiento Evita, cuenta que en el barrio, por la ausencia de regulaciones estatales, el acceso a Internet se convirtió en un negocio para pocos: las familias que pueden contratarlo pagan 2500 pesos la bajada y 1500 por mes. “Nadie sabe de dónde sale el servicio”, enfatiza Molina. Dentro del barrio, hay sectores que pueden acceder y otros que no. “¿Por qué el gobierno porteño no pone wifi como en otros puntos de la Ciudad?”, se pregunta. Bogado propone que “por lo menos se regularice en los centros de salud comunitarios, en iglesias, capillas y en los comedores, en los clubes”.

Enacom está en esas tratativas. En Ente Nacional de Comunicaciones lanzó un programa de conectividad federal que tiene un presupuesto de 1000 millones de pesos para proyectos de conectividad y desarrollo de infraestructura en zonas censadas en el Registro Nacional de Barrios Populares. Subsidia el 100% del proyecto y se pondera y valora la inserción territorial, el trabajo social, la presencia en el territorio, junto con la factibilidad económica y técnica. El diseño del proyecto tiene que incluir la bonificación a instituciones sociales de la comunidad como comedores, clubes, iglesias, juntas vecinales, de modo de garantizar el derecho a la conectividad para todos y todas.

El Atalaya Sur

El proyecto Atalaya Sur, de la organización Proyecto Comunidad, de la Villa 20, es una de las referencias de cómo se podría aplicar el proyecto de conectividad del Enacom.
En el año 2014, decidieron abordar el problema de la brecha digital para que los sectores populares se apropien de la tecnología. “Pensando Internet con perspectiva democratizadora, nos formamos para entender cómo funcionaba, nos conectamos con el posgrado de telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y montamos el primer tendido que nos permitió llevar la red a nuestro centro comunitario. Así llegamos a las primeras 20 familias. Hoy tenemos una red pública de wifi con 27 puntos en la villa, que cubre el 70% de las manzanas del barrio”, cuenta Manuela González Ursi, coordinadora de Atalaya Sur.
Así como piensan la conectividad para ese asentamiento del barrio de Villa Lugano, generan talleres en tecnología y espacios para la producción de contenidos locales, como el Portal Inclusivo Villa 20. La red comenzó a ser comunitaria gracias al aporte de algunos vecinos que pagan 450 pesos por mes. “Cuanto más grande es la red, menos le cuesta a cada uno, pero hace falta más capital”, explica Manuela.
Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, se cayeron seis puntos que nunca pudieron arreglar por falta de recursos.
Para remontar esas dificultades, hoy apuestan al Fondo de Servicio Universal que otorga Enacom. Esperan instalar fibra óptica, porque la radiofrecuencia que utilizan en la actualidad no rebota en las chapas y no llega a las casas de los pasillos. Además, la nueva tecnología podría resistir a los habituales cortes de luz. “Las redes comunitarias generan capacitación en última tecnología en los barrios y eso trae apropiación”, concluye Manuela. Este mes terminarán la carpeta para presentar el proyecto y universalizar el servicio a la mejor calidad.