Confirman cinco casos de trabajadores del subte contaminados con asbesto y podrían ser muchos más

La luz de alarma se encendió en el metro de Madrid donde estudios médicos dieron cuenta del envenenamiento de varios trabajadores con la sustancia de asbesto más conocida como amianto. Datos que manejan los metrodelegados porteños indican que ya son tres los trabajadores de los talleres del subterráneo de Madrid que fallecieron de cáncer por causa de la intoxicación con ese material que se utiliza de aislante en las formaciones. En las diferentes plantas que la fabricante de vagones CAF tiene en Zaragoza y Besain los decesos asociados a la contaminación con ese material habrían llegado a 90 trabajadores.

En abril de este año, una sentencia judicial condenó a Metro Madrid a pagar una indemnización de 371 mil euros a la familia de uno de los trabajadores fallecidos de cáncer. La sentencia no fue apelada por la empresa que, de esa forma, reconoció su culpabilidad.

La utilización de ese material fue prohibida en el año 2000 en 80 países incluida la Argentina. Sin embargo, la compra de formaciones usadas promovidas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2011, bajo la gestión del actual presidente Mauricio Macri, para renovar la flota del Subterráneo de Buenos Aires omitió que el origen de las mismas y su fecha de fabricación conllevaba el riesgo de violar esa normativa. Efectivamente, los coches CAF modelo 5000 que llegaron a la Argentina habían sido apartados de los trenes españoles por ser presuntos portadores de ese material capaz de producir distintas afecciones pulmonares incluido el cáncer.

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, destacó en diálogo con Enfoque Sindical que “es un escándalo político porque fue comprado en un momento en que ya estaba prohibido el amianto y los manuales decían que tenía amianto, un escándalo”.

Lo mismo ocurre con los coches Mitsubishi con origen en el metro de Japón que llegaron a la Argentina en 1996 y que circulaban en las formaciones de la línea B. Semejante exposición llevó a los metrodelegados a realizar una investigación propia que arrojó como resultado que el material prohibido se encuentra instalado en prácticamente todas las líneas del subterráneo como la E, la A, la C y la D que utilizan otras formaciones de las marcas Fiat y General Electric. Pero además, según denuncian, ese material se puede haber diseminado incluso en modelos nuevos de las mismas marcas fabricados con posterioridad a la prohibición puesto que, como en la industria aeronáutica, se estila el “canibalismo” de las formaciones en desuso para el suministro de repuestos a formaciones activas.

Como resultado de esta situación, y luego de innumerables reclamos formales elevados a la empresa y al gobierno de la ciudad, así como audiencias públicas en la legislatura, los trabajadores decidieron imponer una investigación sobre la base de la retención de tareas. En concreto, se negaron a operar las formaciones sospechosas de portar amianto.

A partir de ahí la empresa se vio obligada a realizar un estudio médico sobre los trabajadores que dio como resultado que, de un total de 75 operarios revisados, cinco presentaron síntomas de pleurosis, la afección menos grave de las tres posibles pero que, de no tratarse, puede dar lugar a afecciones más graves. Cristian Paletti, representante por la minoría en la Comisión Directiva de AGTSyP, representante del Taller San José y animador de la lucha por las comisiones de seguridad en el subterráneo explicó a Tiempo que “la sustancia puede generar neumoconiosis que son enfermedades pulmonares o derivar en algo peor como la mesotelioma que son tumores que pueden ser benignos o malignos y cancerígenos”.

Sobre los casos detectados, el dirigente explicó que “lo que se encontró son fibras de asbesto que engrosan las placas pleurales que puede derivar en asbestosis o cáncer de pulmón en un período de hasta 35 años”. Paletti explicó que “son cinco casos en apenas 75 estudios, es el 9%. Falta revisar a más de 600 operarios de los talleres de material rodante y a los 4500 trabajadores del subte”. Por eso, explicó, “exigimos un plan de desasbestización total. Venimos haciendo retenciones de tareas en los talleres para preservar la salud. Estamos planteando que al personal se lo incorpore al Registro de Agentes de Riesgo (RAR) para que intervenga la ART y les de garantía de vigilancia de por vida, incluso luego de jubilados. El asbesto expone no sólo a los trabajadores de talleres sino a los de tráfico e incluso a los usuarios”.

Para el dirigente, “la empresa quiere que esto no trascienda. Es que en un proceso electoral cuestionaría aún más la candidatura de Rodríguez Larreta y la irregular concesión de Metrovías”.

Por su parte, el legislador porteño y candidato a Jefe de Gobierno por el FIT-PO, Gabriel Solano, presentó en la comisión de salud de la legislatura un pedido formal de citación al Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel y al presidente de Sbase Eduardo Montomollín para que sean interpelados en el recinto con el propósito de determinar la responsabilidad del ejecutivo en esta situación.

Solano explicó a Tiempo que “el Gobierno porteño y Metrovías tienen una enorme responsabilidad frente a estos casos de contaminación. Son los que han llevado adelante la compra ruinosa de los trenes contaminados. Sin embargo pretenden ocultar lo que está ocurriendo y no han presentado aún un plan cabal de desasbestización que impida que haya nuevos casos trabajadores o pasajeros enfermos”.

El dirigente de la izquierda porteña señaló que “desde nuestro bloque hemos advertido reiteradamente sobre esta situación con pedidos de informes y audiencias públicas. Pero ante la indiferencia y la negligencia criminal de las autoridades exigimos que sean interpelados en la Legislatura para que la población conozca el alcance de la contaminación y qué acciones el gobierno está emprendiendo para resguardar la vida y la salud de trabajadores y usuarios”.