Confirman que petrolera británica que operó en Malvinas ingresó a negocios en la Patagonia camuflada bajo otro nombre

La petrolera británica Premier Oil Plc sancionada y condenada por el Estado argentino tras explotar ilegalmente yacimientos petrolíferos al norte de Malvinas por encargo del gobierno colonial, es exactamente la misma que camuflada con el nombre de Harbour Energy intenta ahora operar cinco grandes negocios de hidrocarburos en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro pese a que lo tiene expresamente prohibido por las leyes nacionales.

Tiempo Argentino tuvo acceso a documentos oficiales del Reino Unido y otros públicos de la Argentina que confirman sin lugar a dudas ni espacio para desmentidas, que se trata de la misma empresa solo que con otro nombre, casi todos los mismos accionistas institucionales y el mismo Presidente.

El 31 de marzo de 2021 los apoderados de Premier Oil se apersonaron en la delegación de Escocia de la Companie House para informar el cambio de nombre de la petrolera inscripta con el registro “SC234781”, que a partir de ese momento pasó a llamarse Harbour Energy, con el mismo domicilio legal y registro que su antecesora.

Desde 1844 el Companie House es el lugar donde se inscriben todas las empresas británicas, entregan la documentación certificada (balances, fusiones, directorios) que permite la trazabilidad sobre su “rastro histórico”, y donde la corona les concede un número único que las acompaña desde la fundación hasta el cierre. El número de Harbour Energy es el mismo de Premier Oil Plc.

La continuidad jurídica y comercial de la empresa también se revela en que el presidente no ejecutivo de Premier Oil, Roy Franklin, es el actual presidente no ejecutivo de Harbour, según los informes oficiales de la petrolera.

También la mayoría de los accionistas institucionales (empresas, bancos, fondos de inversión) se mantuvo en la petrolera tras el cambio de nombre. “EIG Global Energy, Helu Slim (una inversora del mexicano Carlos Slim), The Vanguard Group, Trinity Street Asset Management, Invesco Asset Management, Charles Schwab Investment Management Inc, son solo algunas de las compañías que, según los registros oficiales británicos, integran el extenso listado de accionistas de la misma empresa con dos nombres: Premier/Harbour.

Las sorpresas también surgen del Boletín Oficial: la edición del 7 de julio de 2023 publica un edicto donde Harbour Energy informa que abrió una sede local en la calle Bouchard 680 y que sus accionistas son Premier Oil Holdings Limited y Premier Oil Group Limited. Pero 21 días más tarde, el Boletín Oficial del 28 de julio, se informa que “se informa que HARBOUR ENERGY ARGENTINA LIMITED es vehículo de inversión de Premier Oil Holdings Limited, una sociedad con domicilio en el 23 Lower Belgrave Street, London, England”.

Si esta información resultó accesible a través de fuentes y rastreos para un diario cooperativo de la Argentina, debió estarlo más aun para las autoridades de control del Gobierno nacional y de las provincias de Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, en caso de haber tenido voluntad política para ello.

La situación también viene a ratificar la garantía de impunidad que el régimen de los libertarios y sus aliados provinciales brindan a las multinacionales, especialmente británicas o estadounidenses, para sumarse al saqueo de los bienes naturales de la sociedad argentina, y además confirma cómo la demolición del Estado desarticula los organismos de control nacionales y provinciales que debieron impedir el desembarco de la empresa británica.

La corporación Premier Oil PLC operó ilegalmente en Malvinas asociada a la también británica Rockhopper Explorations entre 2012 y 2022, cuando abandonó la zona tras fusionarse con Chrysaor Holdings y vender a la israelí Navitas Petróleum su participación en el gigantezco yacimiento Sea Lion, ubicado a 218 kilómetros al norte del archipiélago.

En ese lapso, Premier Oil fue advertida y sancionada por el Gobierno nacional con 15 años de prohibición de operar en la Argentina por sus actividades “ilegales y clandestinas”, que se cometieron hasta el día en que abandonó su operación ilegal en territorio argentino, convertida en Harbour Energy.

El 21 de abril de 2015, la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, multó a Premier Oil en 156,4 millones de dólares y ordenó embargar sus bienes a solicitud de los fiscales fueguinos Marcelo Rapoport, Adrián García Lois, y del Procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. Nada pudo ser ejecutado en aquel entonces.

Entre 2012 y 2022 Premier Oil/Harbour Energy, violó cada día la ley 26.695, de 2011, y su modificatoria 26.915, de 2013, que regulan la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Ambas sancionan con dureza a las empresas que la incumplan directa o indirectamente, como operadoras o colaboradoras, y extienden la pena de prisión a los accionistas, directivos y responsables de esas empresas.

Tras la fusión con Chrysaor y el cambio de nombre Premier Oil/ Harbour Energy adquirió por 11.200 millones de dólares las operaciones globales de la alemana Wintershell DEA, entre las que se encontraban el yacimiento off shore Fenix, en Tierra del Fuego, y los bloques de shale oil Aguada Pichana Este y San Roque, en Neuquén. Ninguno de estos gobiernos provinciales cuestionó la legalidad de la compañía.

Pero el problema mayor lo tendrá el rionegrino Alberto Weretilneck, quien avaló en persona la llegada de Premier/Harbour como parte del consorcio Southern Energy SA (SESA) para la licuefacción y exportación de GNL a través de dos barcos anclados en el Golfo de San Matías.

Con enorme participación británica, SESA está integrada por YPF, Pampa Energía, PAE, Golan LNG y Premier Harbour. En mayo pasado, el Gobierno nacional incluyo el proyecto en el RIGI y es concedió multimillonarias exenciones impositivas y aduaneras por 30 años.

Weretilneck opera las migajas rionegrinas del megaperoyecto de GNL que YPF y la Malaya Petronas trabajaron durante una década para construir la mayor planta de licuefacción de gas del mundo y varios puertos de exportación, con una inversión inicial de 50 mil millones de dólares, originalmente en la provincia de Buenos Aires. El gobernador rionegrino fue el instrumento útil del que se valió el presidente Javier Milei para dinamitar el proyecto original y reemplazarlo por dos barcos de alquiler (uno de ellos con más de medio siglo de antigüedad) que, según van anticipando organizaciones ambientales, abren un serio riesgo para los ecosistemas marinos de la zona.