Congreso: el procurador Casal pidió a Milei un DNU que le permita intervenir ante la justicia de la Ciudad

El Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, visitó este martes el Congreso de la Nación y, desde allí, pidió al Poder Ejecutivo que emita un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para suspender la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Ferrari contra Levinas. El argumento es que la situación irregular que genera el fallo da como resultado que defensores y abogados estén dando vueltas entre la justicia federal y la de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual requiere solución.

En el marco de la reunión de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público de la Nación, que preside el massista Sebastián Galmarini, el funcionario reclamó: “Nosotros como fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias”.

Y es que el fallo «Levinas» (formalmente «Ferrari, María Alicia y otro c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ rinde cuentas») es una histórica y polémica sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 27 de diciembre de 2024. En esa causa se resolvió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano encargado de revisar las apelaciones y resolver los recursos extraordinarios contra sentencias de la Justicia Nacional con sede en la Capital Federal, antes de que puedan llegar a la Corte Suprema.

Casal se refirió a que la medida es un bloqueo para fiscales y defensores del orden nacional y federal que no cuentan con habilitación legal explícita para litigar o defender ante un tribunal de carácter local, como el TSJ porteño.

“Estamos pidiendo al Ejecutivo que vía un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a una norma, nos habilite a intervenir ante el TSJ respecto en las causas en las que intervenimos en la Justicia Nacional, hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de justicia ordinaria. Esto es porque el Ministerio Público no puede intervenir en otras jurisdicciones”, señaló.

Asimismo, explicó que, por ahora, los fiscales nacionales presentan el recurso de inconstitucionalidad local y que el fiscal de la Ciudad “con buen criterio” lo ha sostenido. Sin embargo, advirtió sobre el escenario siguiente: “¿Qué sucede cuando no nos concedan un recurso y haya que meter una queja ante el TSJ? Esto es una solución de contingencia hasta que se transfieran todas las competencias”.

Informe de gestión

Durante la reunión también expuso el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, quien valoró que “es la primera vez que somos convocados a los efectos de presentar el informe de gestión, el cual fue presentado en tiempo y forma antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso”.

Al explicar los principales hitos del informe de gestión, Olima Espel destacó que “es la primera vez que un Procurador General fija los lineamientos de política criminal para la investigación de la criminal organizada”. Luego, al referirse específicamente al lavado de activos señaló que “hoy no existe delito complejo que no lleve aparejado una investigación financiera y el ataque a eslabones superiores de las cadenas, que muchas veces es lo que se necesita para desarmar las organizaciones criminales y no caer en el último eslabón”.