Consecuencias del ajuste

Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, y en línea con su idea de eliminar el rol del Estado nacional, se obligó a las provincias, y por ende a los municipios, a someterse a un ajuste enorme a partir de la reducción significativa de las transferencias y de los recursos coparticipables.

En este marco, si bien es positiva la media sanción por unanimidad que dio la Cámara de Diputados a la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional para Bahía Blanca y otras localidades bonaerenses, debería discutirse cómo se hace para que el Estado tenga todos los recursos que necesita para enfrentar no sólo este desafío, sino las futuras consecuencias del cambio climático que cada vez son más frecuentes en nuestro país y en el mundo.

Tal como vengo sosteniendo, las políticas del gobierno apuntan decididamente a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado. En esta orientación, el oficialismo terminó obturando el debate parlamentario y, por segunda vez consecutiva, el PEN prorrogó el Presupuesto 2023.

Las palabras del presidente cuando presentó el proyecto de Presupuesto 2025 en el Parlamento dan cuenta de la concepción libertaria: “El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar”. Un concepto que se encuentra en las antípodas de las ideas de nuestro espacio: el Presupuesto debería establecer las necesidades que la sociedad tiene y que deben ser satisfechas por la acción gubernamental, y a partir de allí aplicar las políticas adecuadas para generar los recursos y resolver esas necesidades.

Los grandes proyectos de infraestructura que serán necesarios para hacer frente al desastre de Bahía Blanca, pero también para otras regiones de nuestro país, son esencialmente una responsabilidad de la Nación y, en menor medida, de las provincias. Una función que no debería dejarse en manos del sector privado concentrado, como pretende este gobierno y que, como ya comprobamos en nuestro país, no funciona (salvo para engrosar las ganancias de las empresas privatizadas).

Un DNU más que vulnera las leyes

A contramano de lo que establece la ley, el pasado martes el Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025 que impone un nuevo endeudamiento con el FMI.

En el discurso inaugural de las Sesiones Ordinarias 2025, Milei dijo que esperaba que “el Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al gobierno en este nuevo acuerdo”. Pocos días después firmó un DNU que, como tal, no admite debate parlamentario. El rol del Poder Legislativo queda relegado a tan sólo aprobarlo o rechazarlo y, cabe mencionar, de no ser rechazado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, o por ambas Cámaras, ya posee fuerza de ley.

El texto del DNU citado no menciona los principales términos del acuerdo argentino con el FMI (en primer lugar porque éste aún no está cerrado), como tasas o montos que se negociarán, o las políticas económicas que impondría el organismo internacional. Información relevante y que condicionará la vida de los argentinos/as durante los próximos 14 años.

Respecto de este punto deseo traer a colación un pasaje de mi intervención como diputado nacional cuando en 2021 se aprobó la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (cuyas características mencioné en mi columna anterior, y con la cual entra en contradicción el DNU 179/2025): «Estamos dando un gran paso que se orienta a fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de los planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno, de manera que esto efectivamente sea una política de Estado».

Un endeudamiento externo, a largo plazo y más aún con el FMI, es una política de Estado y, como tal, requiere de un profundo debate, no sólo decir que sí o que no a un Decreto del Poder Ejecutivo. En los fundamentos del DNU se hace hincapié en la aparente «urgencia» y “las circunstancias excepcionales”, las cuales harían «imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes», una justificación como mínimo exagerada. El Parlamento no es una formalidad, es una instancia diferenciada que permite controlar, regular y administrar las políticas del Poder Ejecutivo. Una decisión de esta envergadura no debería tomarse de forma urgente.

Evolución de la economía y tensiones sociales

En estos días se conocieron algunas variables de la economía. El índice de precios a nivel nacional del Indec para febrero arrojó una variación muy cerca de lo estimado: 2,4%, algo más alta que la del mes anterior (2,2%).

Los bienes aumentaron respecto al mes anterior 1,5% para enero y 2,1% para febrero. Para el GBA (el índice nacional no informa una desagregación tan amplia); en los aumentos destacan la carne y derivados (7,6%), y Alquiler de la vivienda creció un 6,5%.

En el caso de la inflación núcleo, a nivel nacional se pasó del 2,4% en enero al 2,9% en febrero, un dato que refuerza la idea de que se ha frenado la baja de los índices mensuales de inflación.

Esta evolución afectó a la canasta básica (utilizada para medir la indigencia) que aumentó un 3,2% en febrero, mientras que la canasta total (que mide la pobreza) se incrementó un 2,3%. Cabe aclarar que en enero ambas habían arrojado una suba del 0,9%.

En cuanto a la actividad industrial, ésta se redujo un 1,3% mensual en enero pasado y registró su menor valor en 5 meses. Si bien la comparación interanual reflejó un alza del 7,1%, hay que tener en cuenta la baja base de comparación: enero 2024. Durante el primer mes de este año, el 45% de la capacidad instalada en el sector se encontraba ociosa, resultando ser el segundo peor enero desde 2016, al tiempo que se sigue percibiendo una gran heterogeneidad entre los diferentes rubros industriales.

La construcción mostró una reducción mensual (-1%) e interanual (-1,3%) en enero 2025. Constituye un sector que ya viene en franco declive, influido por la casi total paralización de la obra pública y los insuficientes niveles de inversión privada. De esta forma, el nivel del primer mes del año representó el enero más bajo de la serie que comenzó en 2012.

No importa desde dónde se lo analice, el programa del gobierno libertario no se estaría traduciendo en crecimiento económico lo que, dado el «inapelable» equilibrio fiscal, implicará necesariamente más ajuste y un endeudamiento interminable.

Lo dije muchas veces, el ajuste y el avasallamiento de las instituciones republicanas requieren de la represión. Es esto lo que se ha vivido el pasado miércoles durante la marcha de las jubiladas y los jubilados, más una posterior andanada de amenazas judiciales de parte del Gobierno a los participantes, a una jueza y a varios intendentes del conurbano.

El Gobierno necesita un espacio público vacío y desmovilizado y, para ello, busca disciplinar la protesta social, en un momento en que crecen la insatisfacción y las críticas a las políticas de ajuste que se llevan adelante. Es un nuevo embate contra la democracia: desde la semana que pasó protestar es sinónimo de riesgo.  «