En Diputados, las prioridades incluyen la emergencia a empresas recuperadas, y la modificación del régimen jubilatorio del BAPRO.
La Cámara de Diputados tendrá su primera sesión el miércoles 16 y en el extenso temario figuran varios de los proyectos que el gobernador Axel Kicillof le pidió tratar a los legisladores del oficialismo en la previa a la asamblea legislativa. En esa lista están la adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal firmado con Nación -que debe ser refrendado por la Legislatura- y la declaración de emergencia para empresas recuperadas. El Ejecutivo también busca la modificación del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia -aprobado en la gestión de María Eugenia Vidal- y la transformación del Instituto Biológico «Tomás Perón» en Sociedad del Estado para fabricar vacunas y medicamentos a gran escala.
En la sesión, además, tomará estado parlamentario el pedido de juicio político al procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, por «mal desempeño de sus funciones». El bloque de diputados del Frente de Todos lo presentó el 4 de enero, en pleno receso legislativo, y no logró tratarlo por falta de quórum. Sin embargo, con el arranque del período ordinario, el proyecto pasará a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo confía en tener los votos para aprobar el dictamen y avanzar en el recinto con la comisión investigadora, un trámite que requiere mayoría simple.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el 2 de marzo, Kicillof se refirió al tema -aunque sin dar nombres- y le pidió sin vueltas a los legisladores que «resuelvan» el problema. «En los últimos tiempos se conocieron escenas horribles que aparentemente hablan de causas armadas y de persecución política», arrancó el mandatario en referencia a la «mesa judicial» de Cambiemos, para luego ir al grano: «esta Legislatura tiene que tomar cartas en el asunto, nadie puede hacerse el distraído. Discutan, debatan, usen la Constitución pero resuelvan el problema, es un oprobio para la Provincia».
El pedido de juicio político se enmarca en el inciso 2 del artículo 73 de la Constitución provincial que establece que «es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado» a funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones y en la Ley 4334 de juicio político, que establece el mecanismo para acusar y remover al procurador.
¿Por qué el oficialismo habla de mal desempeño de Conte Grand? Los argumentos que sostienen el pedido de juicio político van desde la «pertenencia partidaria» del procurador -que antes fue secretario Legal y Técnico del gobierno de Vidal-, hasta la «persecución judicial» desde una unidad fiscal de Lomas de Zamora que está bajo investigación y también su rol en la «mesa judicial» del PRO que investiga el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y también la Bicameral del Congreso.
El FdT cree que abril será el mes clave para que avance la primera parte del proceso. «Estamos confiados en que por lo menos la comisión investigadora va a avanzar en el transcurso del mes próximo”, explicaron desde el bloque a este diario. Y agregaron: “Aunque Juntos vote en contra, nos dan los números para crear la comisión porque es mayoría simple. Después será mucho más difícil emitir el dictamen y acusar ante el Senado porque ahí se requieren los dos tercios”.
La comisión estará integrada por cinco legisladores y tendrá seis meses para recolectar pruebas y citar a declarar a funcionarios y, especialmente, a quienes participaron de la reunión en el BAPRO en junio de 2017. En la lista están el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Justicia, Gustavo Ferrari; el senador de Juntos, Juan Pablo Allan, y el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros. Una vez concluido el trabajo, tiene que presentar un informe que debe ser aprobado por los dos tercios para elevar la acusación ante el Senado y pedir la suspensión de Conte Grand. La estrategia del FdT, aunque no logre luego avanzar en la Cámara alta, es recolectar pruebas, mantener el caso en la agenda y exponer al Procurador.
El Senado también tendrá en el arranque de sesiones su capítulo sobre la “mesa judicial”, ya que debe tratar el pedido de desafuero del juez Kreplak para que el senador Allan pueda ser indagado el 21 de marzo por su participación en la reunión de 2017. El cuerpo podría sesionar esta semana, pero aún no hay fecha confirmada. «
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