En la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown, vecinos denuncian que una empresa tomó un predio de 5 hectáreas, que durante cuarenta años fue un espacio verde comunitario. Advierten sobre el peligro ambiental. La respuesta del municipio.
Vecinos demandantes explicaron a Tiempo que la empresa lo hizo con la colaboración de un interventor designado por el propio municipio, «mientras que el juez ya le había negado dos veces la posesión provisoria». Y que la presidenta fundadora de la empresa «tiene vínculos con el intendente que son comprobables». Advirtieron sobre «el impacto ambiental negativo por ecocidio».
No obstante, desde la Municipalidad de Brown dijeron a este diario que hubo un tercer pedido de posesión del predio en cuestión y que finalmente la justicia se la concedió. Respecto a la mujer fundadora de la empresa, explicaron que es una empleada del municipio.
Respecto a los dichos de operaciones mediáticas con tintes políticos, desde la Asamblea vecinal aclararon: «Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Somos vecinos organizados que estamos reclamando algo que es justo para el bien común. Tampoco sabemos nada sobre las asociaciones que hacen algunos medios de comunicación con este conflicto, nombrando a otros funcionarios políticos; solo perseguimos lo que denunciamos acá».
También recordaron que es un reclamo histórico en Adrogué y que estuvo encabezado en distintas etapas por otros vecinos y grupos que podrían haber estado relacionados a intereses políticos. «Pero nosotros no creemos en los funcionarios políticos«, expresaron.
El predio está ubicado entre las calles Presidente Arturo Illia, Comodoro Py, Erasmo Obligado y Presidente Juan Domingo Perón de la localidad de Adrogué. Lote 5, circuvalidación III, sección A, manzana 5, parcela 1 y tiene cinco hectáreas.
Los vecinos contaron que durante cuatro décadas, allí funcionó el Centro Tradicionalista Los Candiles, asociación civil registrada con matrícula N° 15401. El espacio era de uso público, abierto a toda la comunidad, con actividades culturales, deportivas y de recreación.
Repasaron que el 21 de junio de 2025, la empresa Sauber Argentina S.A, presidida por Marcelo Adrián Mozo, cercó la totalidad del predio con alambrado y tomó posesión del mismo. «Lo hizo acompañada del escribano Jorge Herrero Pons, que extendió un acta notarial certificando la toma. Y la operación fue custodiada por personal de la Comisaría 2° de Adrogué; sin orden judicial que lo justificara», aseguraron.
El conflicto por la propiedad -recordaron los vecinos- arrancó en 2014, cuando la abogada Beatriz Lorenzetti inició un juicio de reivindicación (Expediente 95.447, que transita en Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Lomas de Zamora). Lorenzetti era titular -detallaron- de apenas 16.72 partes del total del inmueble, las que fueron adquiridas en distintas etapas desde 1981 y jamás tuvo posesión efectiva del lugar.
Contaron que en 2022, dos años después de la muerte -ocurrida en 2020- de Lorenzetti, sus herederos cedieron los derechos litigiosos a Sauber Argentina S.A. Esto significa que la empresa no compró el terreno: «Lo que compró es el derecho a continuar el juicio, sobre una pequeña fracción de un bien que, además, tenía poseedores activos desde hacía décadas», remarcaron.
En enero de 2024, la empresa Sauber hizo firmar a dos socios de Los Candiles un convenio de comodato en el que la institución reconoce el supuesto derecho de propiedad de la empresa sobre la totalidad del predio. «Los socios habrían sido engañados sobre la naturaleza y alcance de lo que firmaban», subrayaron.
Y el 3 de julio de 2024, a pedido de la Municipalidad de Almirante Brown y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), intervienen el Centro Tradicionalista Los Candiles y designa como interventor a José Oscar Fernández, por 90 días, con mandato exclusivo de convocar elecciones y normalizar la institución.
El acto resolutivo es explícito: «Porque el interventor no tiene facultades para representar judicialmente a la institución ni para disponer de bienes«, contaron los vecinos, entre los cuales hay, docentes, abogados, distintos profesionales y científicos sociales.
Luego, el 3 de octubre de 2024, el juez Nicolás Oscar Raggio realizó una inspección ocular en el predio y constata que «sigue en uso comunitario». Entonces, descartó el argumento de abandono que fue alegado por Sauber y el municipio.
El 7 de mayo de 2025, el juez Raggio rechaza expresamente el pedido de Sauber de tenencia provisoria del inmueble. La resolución judicial -contaron- establece que no se verifican los supuestos de abandono ni ausencia de terceros poseedores, e infiere la existencia de terceros que ejercen actos de posesión con eventual derecho a reclamar.
Después, el 25 de junio de 2025, a pesar de las dos negativas judiciales, el interventor Fernández se presenta ante el Juzgado y -excediendo flagrantemente sus atribuciones- se allana a la reivindicación de Sauber y renuncia a toda acción de la institución sobre el predio. Ese mismo día, la empresa -apuntaron- toma posesión del terreno.
Los vecinos realizaron una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, de donde surge la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 07-05-19964-25. Estipula que existió un acuerdo previo entre Mozo y Fernández: «Ambos son socios activos del Club Temperley y fueron consortes en una lista interna del club«, sostuvieron.
Cabe destacar que Sauber Argentina S.A fue fundada el 24 de agosto de 2012. En su acta constitutiva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (La Plata 26/186), estipula que las socias fundadoras son Silvia Susana Pappolla y Cristina Olabuenaga, con domicilio en Ituzaingó. La primera presidenta del directorio es Olabuenaga.
«Olabuenaga tiene vínculos comprobables con el exintendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares -hoy reemplazado interinamente por Juan Fabiani tras su asunción como diputado provincial en diciembre de 2025- y con el universo político del conurbano sur bonaerense», aseguran los vecinos.
Este dato cobra relevancia en la siguiente cadena de hechos: los vecinos dicen que fue la propia Municipalidad de Almirante Brown -cuando estuvo conducida por Cascallares- quien solicitó a la DPPJ la intervención del Centro Tradicionalista Los Candiles. «La misma intervención que derivó en la designación de Fernández y en la cadena de hechos que siguió en la entrega irregular del predio a Sauber», apuntaron.
Luego, el 8 de agosto de 2025, una vez consumada la toma del predio, Cascallares publicó en redes sociales el anuncio de un proyecto de expropiación. Los vecinos señalaron que el «gesto llegó cuando la ocupación era ya un hecho irreversible y el entonces intendente omitió toda referencia a la ilegalidad de la toma del predio».
De manera paralela, el municipio inauguró una nueva sede del Centro Tradicionalista Los Candiles en la periferia de Longchamps -lejos del predio en disputa- y los vecinos lo interpretan como un intento de desactivar el reclamo institucional.
Los demandantes documentan que en el año 2024, concejales del partido gobernante en Almirante Brown votaron una rezonificación del predio, cambiándolo de zona verde a zona residencial (R), habilitando así la edificación. Y tras la votación precedió a la toma del terreno.
Desde la Asamblea de Vecinos, reconstruyeron que el predio no es solo un espacio verde urbano. Alberga el naciente del arroyo Las Perdices, que integra la subcuenca del arroyo Sarandí y fluye hacia el Río de la Plata. El lugar fue históricamente una hondonada profunda con características de humedal: «Suelos saturados, vegetación ribereña, avifauna asociada y agua a menos de 40 centímetros de la superficie en cualquier punto del predio«, describieron.
Los vecinos históricos del barrio recordaron haber ido a pescar y nadar en ese arroyo en los años ’60. Había bagres amarillos, mojarras, anguilas, tortugas y sapos. El ecosistema era -según sus testimonios- de una riqueza extraordinaria, comparable al de una laguna. Esa vida fue destruida cuando la Fábrica Baclo, que operaba sobre la avenida Espora, volcó residuos de ácido clorhídrico al arroyo.
El evento fue masivo y fulminante: «Los peces aparecieron muertos o agonizantes a lo largo de todo el cauce, el agua quedó inutilizable y la contaminación química del suelo persiste hasta la actualidad. Estudios de pH del sedimento confirman la permanencia del ácido en el barro, lo que explica la ausencia de vida vegetal en determinadas zonas del predio», advirtieron.
Sobre esa hondonada contaminada y rellenada se construyó -décadas después- lo que hoy se conoce como «Los Candiles». El agua «sigue ahí abajo», asegura la Asamblea. En esta línea, cabe destacar que los profesionales consultados por los vecinos -incluyendo un especialista en veterinaria con décadas de conocimiento del territorio- son categóricos.
«Tenemos pruebas de que en ese suelo no se puede edificar. Porque el nivel freático es demasiado alto, los cimientos deberían tener veinte metros de profundidad y cualquier impermeabilización aumentaría drásticamente el riesgo de inundación para todos los barrios linderos», argumentaron.
Según el XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA 2025), el barrio está clasificado en Nivel 5 -el máximo posible- de riesgo hídrico-climático urbano en cuanto a amenaza, exposición poblacional y vulnerabilidad social ante inundaciones.
Hace menos de una década, vecinos de la zona -aseguraron- salían de sus casas en canoa. Fueron ellos quienes, con trabajo propio de limpieza y mantenimiento del arroyo, evitaron los desbordes durante los últimos cinco años. Y ahora, con el predio vallado, es imposible realizar ese trabajo.
La situación fue denunciada ante la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires (Expediente EX-2025-29369335-GDEBA-DGAADA), ante la Defensoría del Pueblo (Reclamo N° 58322/25) y ante el Municipio de Almirante Brown (Expediente 4003-38567/2025). Se solicitó la incorporación del inmueble al inventario provincial de humedales.
Dos proyectos de ley con idéntico objeto -declarar el predio de utilidad pública y expropiarlo para incorporarlo al espacio verde municipal- fueron presentados con un día de diferencia en agosto de 2025: uno por el Diputado Juan Pablo de Jesús (Expediente D-2228/25-26), por iniciativa del entonces intendente Cascallares; otro por la Senadora María Rosa Martínez. Ambos aguardan tratamiento en sus respectivas cámaras.
Sin embargo, los vecinos observaron algo que no les cierra: «Los mismos actores políticos que habilitaron la rezonificación y la intervención que permitió la toma del predio son quienes ahora impulsaron una expropiación. Y si eso prospera, implicaría que el Estado pague a la empresa por un bien que fue tomado de tal manera que el propio juez cuestionó. Ante ese escenario; la empresa Sauber ganaría de todas formas», ahondaron.
En el fuero civil, el juicio de reivindicación (Expediente 95.447) tuvo resolución definitiva el 25 de febrero de 2026, cuando el juez Nicolás Oscar Raggio dictó interlocutorio dando por concluida la causa, como consecuencia del allanamiento y desistimiento efectuados por el interventor en nombre del Centro Tradicionalista Los Candiles.
Los socios activos de la institución: «Francisco Ariel Pérez y María Victoria Nicora intentaron presentarse como terceros afectados para impugnar esos actos, solicitar medidas cautelares y plantear la nulidad de lo actuado por el interventor, pero no fueron admitidos en el proceso», terminaron.
En este marco, Tiempo se comunicó con la Municipalidad de Almirante Brown: «Es una controversia entre privados, el municipio no es parte», aseguraron. Y agregaron. «Se trata de un predio privado. Más allá de que estaba abierto nunca fue un espacio público».
Continuaron contando. «La intervención de la institución fue solicitada por los mismos socios y concretada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, no por el municipio». Además, dijeron: «El interventor es una persona que había trabajado diez años en la institución y que fue propuesto por los socios al municipio, quien lo elevó a la Provincia».
También enfatizaron en que la venta de los derechos hereditarios sobre el predio fue una operación entre privados en la que nada tuvo que ver el municipio. Y que la institución Los Candiles continúa funcionando normalmente en su nueva sede de la localidad de Ministro Rivadavia, que entregó la empresa compradora en el marco de un acuerdo con Los Candiles para ponerle fin al juicio.
Sobre Cristina Olabuenaga -que aparece en el Boletín Oficial como presidenta fundadora de la empresa señalada- dijeron que es una trabajadora de planta permanente del municipio de Brown hace más de 30 años.
Desde el municipio concluyeron: «Por el lugar no pasa el arroyo Las Perdices, es un zanjón que desemboca en el arroyo. Cualquier construcción que se proyecte deberá ser aprobada por la Provincia. En ese caso intervendría la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense. El zanjón llega hasta el predio entubado y luego continúa entubado».
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