Continúa el paro en Bolivia y dan 72 horas para la liberación de detenidos

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz decidió este domingo por la noche continuar el paro y dar un plazo de 72 horas al gobierno nacional para la liberación de los detenidos producto de los violentos enfrentamientos con los que reclamó un adelantamiento en la fecha de realización de un censo, una manifestación que fue considerada como un intento de golpe de Estado por las autoridades bolivianas y condenada por organismos internacionales. La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición, inició un enfrentamiento con el gobierno central exigiendo que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.

El gobierno de Luis Arce acaba de confirmar que esa consulta se celebrará el 23 de marzo de 2024 y no antes porque no hay posibilidades técnicas para ello, y anticipó el inicio de acciones penales para los líderes de la revuelta, que incluyó cortes de rutas, incendios, numerosas pérdidas económicas para el país y la muerte de entre tres y cuatro personas, según distintos balances. El diario paceño La Razón publica este lunes que el cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz determinó anoche dar un plazo de 72 horas al gobierno para la liberación de los detenidos producto de los enfrentamientos, mientras el paro indefinido se mantiene.

Exigió además una ley que garantice que el censo y la distribución de recursos se realizarán en 2024 y que la redistribución de escaños se aplicará antes de las elecciones de 2025. En un mensaje grabado desde su casa, donde cumple detención domiciliaria, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, fustigó al Gobierno y alentó a sus afines a recargar energías pues “la lucha no ha terminado”.

El Gobierno intenta negociar, pero continúa el paro

Desde el lado del gobierno nacional, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, convocó este domingo a la institucionalidad cruceña a “avanzar” y abandonar las medidas de presión. Parada señaló que, con la entrada en vigor del decreto supremo 4824, que establece la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año, ya no son necesarias las medidas de presión que afectaron por 23 días «al sector más vulnerable de la población.

“Es momento de avanzar, ya hay decreto, ya hay fecha”, señaló en entrevista con la estatal Bolivia Tv reproducida por la agencia de noticias ABI. La titular de la Presidencia recordó que la norma censal tiene como base las recomendaciones de la mesa técnica que se desarrolló en Trinidad y que recoge también las propuestas de delegados políticos y productivos de Santa Cruz sobre la redistribución de recursos el 2024.

Calvo, en tanto, había afirmado en su mensaje desde la detención domiciliaria que “este paro comenzó pidiendo censo, en el camino quienes administran el Estado en lugar de respuestas optaron por el ultraje y dejaron expuesta la falsedad porque un diálogo de sordos no es diálogo, argumentos técnicos sin información no son argumentos, llamar a la pacificación enviando hordas agresivas y represiones policiales es cinismo”. Calificó como terrorismo de Estado la instrucción de “autoatentados”, cercos, desabastecimiento de combustible y prohibición de las exportaciones. “Nos enviaron tres mil terroristas para intimidarnos y olvidaron que somos más de 3 millones de hombres y mujeres valientes, que no tenemos miedo de salir a las calles a defender nuestros ideales. Intentaron matarnos de hambre y se olvidaron que somos nosotros los que les damos de comer”, acotó, según el reporte de La Razón.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este fin de semana los actos de violencia originados por los opositores de Santa Cruz. «CIDH condena nuevos actos de violencia en Santa Cruz: agresiones físicas y contra periodistas, violencia sexual, hostigamientos a personal y usuarias de Casa de la Mujer, y el incendio de la Central Obrera. Urge al Estado investigar con enfoque de género étnico-racial», tuiteó ayer la CIDH. El organismo dependiente a la Organización de Estados Americanos (OEA) también instó a los manifestantes a evitar todo acto de violencia y a la sociedad a emprender un diálogo efectivo.