Continúa la persecución judicial en Ecuador contra una gobernadora correísta

Por: Mariano Vázquez

El gobierno de Lenín Moreno no sólo apuntan al expresidente rafael Correa sino también a sus seguidores, en este caso a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien aseguró: “Mintieron y elaboraron un informe falso para intentar encarcelarme".

Las recientes decisiones de la justicia ecuatoriana continúan siendo funcionales al presidente Lenin Moreno para perseguir a adversarios políticos. A pesar de que en la audiencia el fiscal Alberto Santillán no pudo demostrar que la prefecta (gobernadora) de Pichincha, Paola Pabón haya intentado “evadir el accionar de la justicia adquiriendo asilo político en la Embajada de México», a la dirigente de Revolución Ciudadana le aumentaron este lunes de una a tres veces por semana la presentación ante la fiscalía. La dirigente del correísmo acusada de “rebelión” por sus manifestaciones públicas durante las protestas de octubre pasado contra el ajuste de Moreno seguirá monitoreada mediante tobillera electrónica y no puede salir del país.

Unas mil personas se concentraron frente a la sede judicial para repudiar el “atropello”. Desde el entorno de Pabón dijeron a Tiempo que “actúan fuera de toda norma, no se comprobó nada pero igual tienen que castigarla porque está bajo el látigo de Lenin. El trabajo de los jueces no es impartir justicia, es garantizar el funcionamiento del modelo que representan”.

Con una fuerte carga de ironía Correa expresó en su cuenta de twitter: “¡Enhorabuena, Paola! Sin haber cometido ningún delito, tiene brazalete y ahora debe presentarse 3 veces por semana en Fiscalía… ¡pero debemos estar “contentos”! El que tengamos que contentarnos por estas cosas, demuestra la postración en que tienen al país. ¡Macondo!”. https://twitter.com/MashiRafael/status/1303048506010202113

También a través de esta red social dijo Pabón: “Mintieron y elaboraron un informe falso para intentar encarcelarme; no pudieron porque la verdad nos asiste. Era tan absurdo el informe y tan fuertes nuestros argumentos y principios que se respaldaron en decenas de cartas de embajadas. Sin embargo aumentaron los días que tengo que presentarme ante el fiscal. Es igualmente de injusto. Agradezco todas las muestras de solidaridad que han llegado desde el extranjero, de todo el país, quienes alzaron su voz frente a la injusticia que estaba en marcha, #PaolaLibre” https://twitter.com/PaolaPabonC/status/1303042937685712897

Pabón estuvo presa 72 días por ese proceso que se remonta a las protestas de octubre contra los planes de ajuste acordados con el FMI por el gobierno de Moreno. Fue acusada junto a Virgilio Hernández y Christian González, también dirigentes de Revolución Ciudadana.

La noche del 14 de febrero de 2019 la policía irrumpió violentamente en el domicilio de Pabón para detenerla. Moreno sostuvo que Correa, Pabón, Hernández y González eran los cerebros de un intento de golpe de Estado supuestamente azuzado desde el exterior por la Venezuela bolivariana. https://twitter.com/PaolaPabonC/status/1183706429389189120

Recordó Pabón en una conferencia internacional brindada la semana pasada: “El 26 de diciembre fui liberada tras estar encarcelada sin contacto con nadie, no solo estuve presa, estuve incomunicada”.

«No lo solicitaré asilo. Soy la prefecta de Pichincha, no estaré por los tejados, no estaré golpeando las puertas de la embajada de México. Estoy aquí y aquí enfrentaré el juicio», manifestó ante la prensa internacional. Y amplió: “Observamos la judicialización de la política, una justicia selectiva, en este caso, contra una autoridad de elección popular”.

Desde Revolución Ciudadana vienen denunciando la política de persecución contra los dirigentes de Revolución Ciudadana: “Extrañamente, el 31 de agosto, se emite un informe que indica que solicité asilo en la embajada de México. Tengo una tobillera electrónica que demuestra que no he visitado ninguna embajada y que asisto ante la fiscalía como ordenó el juez. Se me está persiguiendo únicamente por mi postura de oposición al régimen por más de tres años”.

Pabón calificó al lawfare “como un mecanismo de persecución política” contra “todos los procesos progresistas en América Latina” que operan como “una justicia selectiva cuyo objetivo es apresar a los opositores, condenarlos por sus ideas y atentar contra el derecho a la libertad de expresión, acabar con los contradictores políticas, destruir su legado; es un ataque judicial y moral contra los proyectos políticos progresistas”

“Estamos resistiendo y queremos una salida democrática en Ecuador”, sostuvo Pabón, y subrayó que “la judicialización de la política ha tocado a instituciones, no solo a personas, en Ecuador quieren proscribir a Revolución Ciudadana”. 


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