Nuevamente las fuerzas policiales se movilizaron hacia el lugar de mayor organización social. Llegaron a la provincia funcionarios del gobierno nacional con la intención de parar la represión y asistir a las víctimas.
El clima tenso se mantiene, ya que efectivos policiales nuevamente se movilizaron hacia el lugar para intervenir por los cortes que se vienen registrando en las rutas, aunque se flexibilizaba cada hora para permitir la circulación vehicular.
A raíz de los hechos que tomaron trascendencia nacional, llegaron a Jujuy el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para brindar asistencia y contención a los afectados, entre ellos las personas detenidas, y tomar intervención directa en el conflicto generado en Purmamarca y en la zona norte de la provincia.
En esa localidad -ubicada a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy- se registraron el sábado cuatro represiones por parte de la policía jujeña contra integrantes de comunidades indígenas que se manifestaban contra la reforma parcial de la Constitución local aprobada recientemente, dijeron, «a espaldas del pueblo». Durante el accionar policial fueron detenidas más de 40 personas y hubo al menos una decena de heridos.
Los detenidos en su mayoría fueron trasladados hasta la unidad penal ubicada en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.
En la tarde del domingo permanecían detenidas 21 personas (13 varones y ocho mujeres) y varias de ellas se entrevistaron con sus abogados que verificaron su situación y conocieron las causas de imputación por el delito establecido en el Código Penal.
«La policía utilizó mecanismos represivos que dejan sin posibilidad de reacción, porque va contra los centros neurálgicos, causando lesiones gravísimas. La pérdida de un órgano es una lesión gravísima», dijo hoy a Télam la abogada Alejandro Cejas, quien se presentó por la defensa de Camilo Galli, periodista de Purmamarca, y Hernán Oviedo, un turista de Buenos Aires, también arrestado el sábado. Por ambos en la causa interviene la Fiscalía de Delitos Complejos, y pedirá el cese de detención.
«Había un joven que perdió un ojo y permanecía internado en Maimará y otra señora está con perdigones en la cara, en la boca y en el ojo, pero no podían ser derivados en las ambulancia ya que solo esto estaba disponible para los efectivos policiales. Las balas de goma, por más que sean de goma, no podés hacerla (disparar) a la cara. Es una locura lo que están haciendo jurídicamente», apuntó.
Por su parte, Lucio Plaza, también abogado, comentó que su defendido «estaba bastante golpeado y atemorizado. Él ni siquiera estaba manifestando en ese momento porque estaba comiendo, pero lo señalaron como una persona infiltrada y se lo llevaron». Comentó que estuvieron varias horas sin conocer causa de imputación, por lo que «la detención era arbitraria», expresó el letrado integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Jujuy. Los abogados cuestionaron que «no hayan seguido los protocolos ni tampoco la reglamentación que establece el código procesal penal» y estudiaban los planteamientos legales a realizar. La imputación contra los detenidos es por artículo 194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de comunicación -con un máximo de tres años y un mínimo de tres meses de pena- con lo cual «absolutamente todas las personas pueden acceder al cese de detención y recuperar la libertad inmediatamente», explicaron.
Carlos «Perro» Santillán, que preside la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy, le dijo a Télam que «para vivir en paz como pretende el gobernador Morales, tiene sentido la lucha por buenos salarios y para que se caiga la reforma. Las fuerzas han actuado ferozmente contra el pueblo jujeño, por lo que hacemos responsable al gobernador Morales por la sangre derramada y por cualquier otro atropello que siguiera realizando contra el pueblo».
Por su parte, la referente del Frente de Izquierda Natalia Morales, quien también fue detenida y luego liberada, destacó la «enorme resistencia de las mujeres indígenas y los pueblos originarios de Jujuy en Purmamarca tras la represión» y criticó «la aprobación de la reforma antiderechos de Morales y el PJ».
«Las comunidades indígenas están de pie en defensa de sus territorios, del agua y contra el saqueo. Saben que la reforma afecta sus derechos. Gerardo Morales reprime, Jujuy resiste», publicó en su cuenta de Facebook.
En toda la provincia, las protestas encabezadas por los docentes fue creciendo en las últimas semanas en sintonía con el reclamo de otros sectores de trabajadores por aumentos salariales y expresar en conjunto su rechazo contundente a la reforma constitucional aprobada entre jueves y viernes. Sus gremios ratificaron en asambleas la continuidad de las medidas de fuerza con paro por tiempo indeterminado, y repudiaron la represión policial contra las comunidades que protestaban contra la reforma Constitucional.
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