Contra la reforma del Ministerio Público Fiscal

Especialistas dicen que viola al artículo 120 de la Constitución que establece el cuarto poder del Estado.

En el Congreso parece estar todo listo para que el oficialismo con los votos propios y los del Frente Renovador avance esta semana con la media sanción de la Cámara Baja para la reforma del Ministerio Público Fiscal.

Ante ese escenario Gabriela Vázquez, miembro del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces, señaló que «la reforma resulta una violación al artículo 120 de la Constitución Nacional que establece el cuarto poder del Estado» y agregó: «Las reformas violan la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal al crear una Bicameral que decide todo sobre el Ministerio».

Además Vázquez, en declaraciones radiales, explicó: «Esta reforma tiene nombre y apellido y está destinado a desplazar a Gils Carbó sin ninguna justificación. Es como si crearan una Bicameral para controlar a la Corte Suprema».

Un argumento similar utilizó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que en un comunicado advierte que el proyecto del oficialismo atenta contra la independencia del artículo 120 de la Constitución. Además agrega que los cambios propuestos tienen el propósito de avanzar sobre la procuradora, Alejandra Gils Carbó: «Los fundamentos de la iniciativa legislativa parecen reposar básicamente en cuestiones ad personam relativas a la señora procuradora general de la Nación, que deberían ser planteadas, analizadas, juzgadas y resueltas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario».

Por su parte, Miguel Palazzani, integrantes de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), advirtió que «si se aprueba la reforma del Ministerio Público Fiscal, la policía me va a indicar a mí cómo debo investigarla» y agregó: «Hay muchas razones para ver que esto es una nueva embestida contra Gils Carbó.

Al MPF es al único lugar donde están apuntando y ponen el foco en la procuradora y en los pilares de la gestión».
En cuanto a la norma Palazzani, detalló que «esta ley puede ser derrotada en Tribunales por su inconstitucionalidad», al tiempo que sentenció: «La ley nos pone a los fiscales más controles que a los espías».

En tanto, en relación al control de las fuerzas de seguridad Pallazani informó que «hay un empoderamiento de las fuerzas de seguridad con altísima impunidad. Hoy las dos fuerzas más denunciadas son la Federal y la Metropolitana» y explicó: «Lo de las Fuerzas Armadas en seguridad interior es absolutamente inconstitucional. Es francamente un desquicio. Es volver a la doctrina de seguridad nacional. No hay ninguna posibilidad legal y constitucional de que eso ocurra. Desde el punto de vista político, tenemos que poner un alerta, es grave».

Por su parte, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y la Asociación 18J de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de las víctimas de AMIA, denunciaron que el gobierno nacional y los principales líderes de los partidos oficialistas y ‘opositores’ llegaron a un acuerdo para que el Congreso Nacional vote de inmediato una ley que reforma el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y termine con su independencia formal, reconocida en la Constitución Nacional.

En un texto conjunto las entidades señalaron: Sin disimular sus argumentos, la coalición del gobierno más la oposición y los ex socios de Gils Carbó que apoyan el proyecto, se reparten los cargos de la Comisión Bicameral que pondrá a los fiscales bajo su control político y funcional. El acuerdo equivale a una intervención que someterá formalmente a los Fiscales y los pondrá, incluso, bajo el control de los funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos de Seguridad que debieran ser los controlados y que, hasta hoy, están sospechados por actividades criminales (Artículo 24).
Además, en el comunicado señalan que el proyecto de reformas crea una ‘Procuraduría de Terrorismo’ que responde más a las viejas exigencias de la embajada de Israel y/o de la DAIA que a necesidades de la investigación de la causa AMIA. ¿Van a disolver la Unidad Fiscal AMIA en una fantasmal unidad ‘antiterrorista’ en nombre del esclarecimiento del atentado?».

Más allá de los reclamos y cuestionamientos desde distintos sectores a esta hora el oficialismo tiene los votos para darle media sanción a la norma esta semana y dejarla en condiciones de ser tratada la semana que viene por el Senado.