Contrabando de material bélico a Bolivia: Bullrich y Aguad cada vez más comprometidos

El juez Javier López Biscayart ya tiene en su poder documentos oficiales que acreditarían que en la supuesta maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019 estuvieron involucrados funcionarios de la más alta jerarquía del Gobierno de Cambiemos, como los exministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

El escenario probatorio se completa, al menos hasta acá, con las investigaciones administrativas realizadas hacia el interior de los ministerios que habrían estado involucrados en la maniobra; lo que incluye las declaraciones de los gendarmes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y los altos mandos de la fuerza aérea que estuvieron al tanto de cómo se cargó el avión Hércules C-130 donde se presume que se trasladó el armamento.

Entre los documentos presentados a la justicia se encuentra el manifiesto de carga del Hércules que partió desde Buenos Aires durante la noche del 12 de noviembre de 2019 y aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13. Ese documento, aportado por el Ministerio de Defensa, especifica que a bordo del Hércules iban los pertrechos habituales con los que se manejan los Alacranes, pero nada decía de las 70 mil municiones adicionales que se agregaron, sin incorporarse al manifiesto.

Una nota del mismo 12 de noviembre firmada por el entonces jefe de las fuerzas especiales «Alacrán», el comandante mayor Fabián Salas, y dirigida al comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, confirma que se habrían incorporado al vuelo las municiones y gases que «son utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público».

Esa nota, en la que se indica que, por fuera del manifiesto de carga, se incluirían en el vuelo las 70 municiones antitumulto, 100 spray de Gas Lacrimójeno y casi 600 granadas de gas, dejaría en situación comprometida a Aguad y Bullrich.

En declaraciones radiales, el ministro de Defensa Agustín Rossi señaló que fue aportada a la justicia «toda la documentación del vuelo Hércules C-130 y las comunicaciones que existen de la Misión Naval de Argentina en Bolivia. Allí se confirma que las armas enviadas fueron hechas en Fabricaciones Militares para la Gendarmería Nacional. Esto confirma que hubo contrabando agravado», señaló Rossi al hablar con Radio el Destape y confirmó además que hubo «un pedido verbal» de su antecesor, Aguad, para que se cargara el material represivo en el Hércules C-130.

«Se pidió la custodia y se embarcaron en el mismo Hércules los 70.000 cartuchos antidisturbios y las granadas. Una parte fue a la Fuerza Aérea Boliviana y otra a la Policía Boliviana», reveló Rossi. Esa información surgió de la declaración de una autoridad castrense en el marco de una reconstrucción interna realizada por la cartera de Defensa, según pudo reconstruir Télam.

El gobierno nacional avanza además en la reconstrucción, a través de investigaciones internas, del recorrido completo que habrían seguido los elementos represivos que, según fuera denunciado, el gobierno de Mauricio Macri puso a disposición de las fuerzas de seguridad bolivianas que enfrentaron las protestas sociales desatadas tras el golpe de estado a Evo Morales.

Una nota fechada el 17 de noviembre de 2019 indica que el comandante de Gendarmería, Hector Caliba, informó al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde «el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock», según surge de la denuncia.

«El nivel de documentación encontrado en todos los organismos permite reconstruir que el arsenal, en vez de ir a Bolivia a custodiar a la Embajada -argentina- fue a manos de las fuerzas que derrocaron a Morales», afirmó el ministro de Justicia Martín Soria, en un reportaje que concedió a una radio porteña. «El contrabando es claro. El arsenal se sacó de manera burda y torpe y se usó en la represión en Bolivia. Días después que salió el armamento, hubo dos masacres. Enviaron armas y municiones para garantizar una asonada en un país hermano», enfatizó Soria.

En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) que depende de la AFIP se constituyó este jueves como querellante en la causa donde se investiga el posible delito de contrabando agravado en el envío de armamento y material controlado a Bolivia, que lleva a delante el juez López Biscayart y en la que interviene el fiscal Claudio Navas Rial.