El miércoles, la Secretaría de DD HH presentó a los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Agustín Lemos Arias del TOF1 un escrito en el que solicitó el «mantenimiento de cumplimiento efectivo de condena en prisión» de Etchecolatz. Argumentó que de los informes médicos del Cuerpo Médico Forense del 22 de julio y del Servicio Penitenciario Federal del 10 de agosto, «no surgen condiciones que modifiquen» la posibilidad de que continúe preso en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Ese posicionamiento contradijo la postura del gobierno nacional que la Secretaría divulgó en declaraciones periodísticas (en los diarios Clarín y La Nación) en las que aclaró que no apelarán las resoluciones judiciales que envíen represores a la casa. «Respetamos las decisiones de la Justicia», aseguraron. En la práctica, la postura implica un aval a las prisiones domiciliarias. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estiman que aumentarán. La muestra de esa tendencia fueron los fallos que el TOF1 emitió a última hora del viernes, beneficiando por mayoría con disidencia de Lemos Arias a Etchecolatz con la domiciliaria, con los mismos argumentos de otro fallo favorable que había recibido el 22 de julio.
Mañana deberán resolver el último expediente, y aunque todo indica que será en los mismos términos, la medida no será efectiva por el revés que el represor sufrió en el juzgado de Ernesto Kreplak, quien se la denegó, y que ahora recorre la instancia de apelación.
La postura de la provincia fue contraria a esa tendencia. Y la decisión de oponerse a la domiciliaria para Etchecolatz la tomó el propio Cantón. De hecho, el escrito original fundamentaba en extenso la oposición a que se favorezca al represor, pero el escrito fue reducido a un párrafo tras pasar por las manos del secretario de Vidal.
Cantón aseguró a su equipo que adoptaría la posición de la la Corte Suprema sobre las domiciliarias. El Tribunal consideró ese beneficio como potestad de los jueces cuando el detenido tiene más de 70 años y sufre enfermedad.
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