Contrapunto entre el FMI y el gobierno por la fuerte caída en la recaudación

La fuerte caída en los ingresos fiscales admitida por la Afip encendió las alarmas tanto en el Palacio de Hacienda como en el edificio del Fondo Monetario Internacional, en Washington. Lo que está en juego es el cumplimiento del déficit cero, la ambiciosa meta planteada para generar confianza y asegurar que no se corte el financiamiento internacional. Y si bien el FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo stand by, esta vez su receta para salir de la emergencia mostró diferencias con la del gobierno argentino.

De todas maneras, el directorio del Fondo aprobó el estado de situación de las cuentas fiscales al 31 de diciembre y autorizó el giro de otra cuota por U$S 10.800 millones, que ingresará en el transcurso de la semana. Con esto, el organismo ya desembolsó dos tercios de los U$S 57 mil millones pactados.

La luz amarilla la prendió la planilla de recaudación impositiva del primer trimestre del año, que sufrió de lleno los efectos de la recesión. A la caja de Afip ingresaron $ 1,022 billones, un 9% menos en términos reales que en 2018. Son $ 90 mil millones menos que si la cobranza hubiese crecido al ritmo de la inflación.

Todo indica que la tendencia durará varios meses y por eso la misión técnica del Fondo recomendó al directorio que suavizara los requerimientos intermedios para dar por cumplidas las condiciones establecidas en el acuerdo stand by. Así, el superávit acumulado a lograr en junio próximo deberá ser de $ 20 mil millones, la mitad de lo fijado en un principio, en previsión de los mayores gastos esperados para el segundo semestre que harían terminar el ejercicio en cero.

«A la luz de los ingresos fiscales más débiles de lo esperado en el primer semestre del año, la prudencia continua en la ejecución de planes de gasto y otros pasos para fortalecer los ingresos serán claves para llevar la posición fiscal de 2019 a un balance primario», dijo el viernes Christine Lagarde, directora gerente del Fondo, al dar por aprobada la tercera revisión del acuerdo.

Los «otros pasos» que pidió Lagarde originaron un contrapunto entre los técnicos del Fondo y los funcionarios argentinos. En concreto, durante su visita a Buenos Aires para monitorear la situación, los enviados del organismo sugirieron otro recorte a los subsidios, quitar exenciones fiscales y subir la tasa del IVA a los productos que tributan menos que el resto, además de una mayor eficacia en la recaudación. Sin embargo, el gobierno se negó para evitar otro aporte al malhumor generalizado de la sociedad por la situación económica. Sobre todo teniendo en cuenta que un nuevo tijeretazo a los subsidios tendría que ser compensado por más aumentos de tarifas.

A cambio, la propuesta oficial fue racionalizar la contratación de bienes y servicios, más una nueva poda en los gastos de capital de baja prioridad. «Las autoridades señalaron que, dado el limitado espacio de maniobra durante el año electoral, las reducciones en el gasto de capital son probablemente la única opción… Consideran que las medidas de ingresos que requieren cambios en la legislación no son realistas en un año electoral», reza el informe que los técnicos del FMI elevaron al directorio.

El problema del gobierno para mantener esa opción es que los gastos de capital ya tuvieron una fuerte caída en el Presupuesto 2019. En el mismo sólo se autorizaron obras por $ 215 mil millones, una suma incluso menor en términos nominales a la del año pasado.

Preocupa la inflación

El FMI también se manifestó preocupado por la inflación, a tal punto que reformuló su pronóstico para este año al 30%, diez puntos por encima del anterior.

«La volatilidad financiera creció en las últimas semanas, en la medida en que las condiciones financieras globales se han vuelto menos favorables y los resultados de la inflación han decepcionado. La inflación sigue alta, con expectativas crecientes y con una inercia difícil de romper», dijo Lagarde. «

Reformas, deuda y un ojo en las elecciones

El informe del staff técnico del Fondo, conocido el último viernes una vez que el directorio aprobó sus recomendaciones, reitera conceptos marcados en ocasiones anteriores. Por caso, llama de nuevo a la realización de reformas estructurales que, sostiene, darán «una sostenida mejora a las condiciones de vida de la población argentina». Allí postula un sistema tributario menos distorsivo, una mayor competencia en los mercados domésticos, la remoción de barreras al comercio internacional y mejores prácticas para luchar contra la corrupción, entre otros temas.

Uno de los párrafos más significativos es el de la influencia de las elecciones en la marcha de la economía. «Los candidatos presidenciales se anunciarán en junio, a partir del inicio de las carreras electorales y el sondeo de intenciones electorales. Esto podría aumentar la ansiedad del mercado, potencialmente alimentando una dolarización mayor que la esperada y salidas de capital que, a su vez, debilitarían el peso y crearían preocupaciones renovadas sobre la dinámica de la deuda y las fuentes de financiamiento presupuestario», indica el texto.

También se hace referencia a posibles tensiones sociales: «Una recesión más profunda que la esperada, o la incapacidad de reducir la inflación, podrían debilitar el apoyo público al programa de ajuste».

En cuanto a la deuda del Estado, el informe es deliberadamente ambiguo. Admite que ya alcanza al 86% del PBI, aunque cree que bajará de ese nivel porque el tipo de cambio se apreciará después de la fuerte devaluación de 2018.  Y aunque asegura que el programa económico está totalmente financiado, se ataja con una curiosa afirmación: «La deuda es sustentable, pero no con una alta probabilidad».   «