Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos convocaron a una caravana al cumplirse, este jueves, un año más de su prisión. La dirigente de la Tupac Amaru permanece con domiciliaria en La Plata, donde realiza un tratamiento médico por su delicada salud.

Milagro Sala se encuentra con detención domiciliaria en la capital bonaerense luego de haber sido intervenida quirúrgicamente y estar impedida de volver a Jujuy por cuestiones de salud.
Sala lleva 9 años presa -3287 días en total, un año más que el tiempo previsto para una pena mínima por homicidio simple en el código penal argentino- luego de una feroz campaña de persecución iniciada por Morales inmediatamente después de su asunción como gobernador: el 16 de enero de 2016, con la excusa de una protesta -un acampe- que la Tupac Amaru y otras organizaciones sociales realizaban en la plaza Belgrano, frente a la gobernación, fue detenida en su casa en un operativo encabezado por el Ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer.
Desde ese día no volvió a recuperar la libertad. La justicia jujeña se encargó de multiplicar causas por corrupción, impulsadas, tal como el propio Morales le confesó al periodista Horacio Verbitsky, por el gobernador.
La convocatoria a la tercera caravana es impulsada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala y sumó apoyos y adhesiones de un amplio espectro político, gremial y social. A través de un comunicado, organismos de Derechos Humanos adhirieron e insistieron en el reclamo por el “cese de la persecución política y judicial orquestada contra Milagro Sala por el Gobierno de Gerardo Morales y su aliado (el ex presidente) Mauricio Macri”.
El documento que lleva las firmas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros, remarca que la persecución a Sala «ha sido un proceso cargado de irregularidades, con la complicidad de los funcionarios políticos y los magistrados del Poder Judicial”.
“En aquel momento (en 2016), dijimos también que Jujuy era el laboratorio de LAWFARE, de persecución judicial contra los opositores políticos y luchadores sociales que se extendería luego a toda la Nación”, agregaron en el texto que también firman la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte y la Asociación Buena Memoria.
En ese camino recordaron que fue por la solidaridad internacional y la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Milagro cumple prisión domiciliaria por su estado de salud.
“En la Provincia de Jujuy, en la cárcel del Alto Comedero, pero también en hospitales y en su propio domicilio fue objeto de agresiones permanentes, de traslados efectuados con violencia institucional y violencia mediática, hechos que están denunciados y que volveremos a advertir ante cualquier intento de retornarla a la provincia”, remarcaron.
En los 9 años que Milagro Sala lleva detenida perdió a su esposo Raúl Noro y a su hijo, Sergio. Por otra parte, gran cantidad de sus compañeras y compañeros de la Agrupación Tupac Amaru, así como de otras organizaciones aliadas, fueron también encarcelados y sufrieron distintos grados de persecución política y judicial.
“Milagro ha sido encarcelada y es todavía perseguida porque representa la lucha de un pueblo humilde que recuperó su dignidad en las obras de vivienda social, en la construcción de barrios enteros, en la promoción de los más oprimidos de la sociedad por su clase, su género y su etnia”, concluyen los organismos en el comunicado.
El director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, sostuvo en diálogo con Noticias Argentinas, que hay “tres razones” por las cuales Sala no debiera estar presa y todas responden a irregularidades en los procedimientos judiciales.
“En primer lugar, las condenas que tiene son irregulares. De hecho, ambas (una a dos años de prisión y la otra a trece) han sido denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el CELS, por la propia Milagro Sala y también por la organización Andes porque todas se llevaron a cabo sin respeto a las garantías de su debido proceso”, sostuvo el abogado.
Asimismo, indicó que desde el CELS “insisten” en que su detención “fue ilegal” porque, en principio, participaba de un acampe y después porque el inicio de distintas causas consecutivas “fue manteniendo la prisión preventiva” de la dirigente. “Las condenas que pesan sobre ella son irregulares y contrarias a la Convención Interamericana”, añadió.
La segunda cuestión señalada por Morales está relacionada con el deterioro en la salud de Sala, tanto física como psíquicamente. Sin embargo, el gobierno de Carlos Sadir “sigue insistiendo con el hostigamiento y la persecución” de Sala, mientras que los fiscales de la provincia le exigen a la dirigente que regrese y cumpla su condena en la cárcel “sin tener en cuenta su situación de salud ni su deterioro psíquico y físico”.
Por último, Morales indicó que organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos intervinieron para reclamar, como lo hacen “desde hace mucho tiempo”, que Sala “esté en libertad” y, de esa manera, pueda atravesar los procesos judiciales correspondientes.
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