El 15 de mayo vence la prórroga que les permitió a las cooperativas acceder a los beneficios que tienen las Pymes. Las de servicios públicos podrían ser las más afectadas.
En concreto, y luego de un extenso trabajo de Federaciones y Confederaciones de cooperativas, en noviembre pasado la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, mediante disposición 499/2023, suspendió el Artículo 10 del Anexo I de la Resolución N° 220/19 y extendió hasta el 15 de mayo del 2024 la flexibilización de los requisitos para que las cooperativas obtengan el Certificado MiPyME.
Esa fecha está a poco de vencer, por lo que volverá a ser obligatorio para las cooperativas inscribir a todos los miembros o integrantes de las mismas en el Registro de Empresas MiPyMEs para acceder a los beneficios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay tiempo hasta el 20 de abril de 2024 para revisar la información que tiene la AFIP y en caso de existir inconsistencias hacer las correcciones correspondientes.
«Este requisito complica bastante las cosas, porque imaginate una cooperativa de trabajo con 100 integrantes que todos tengan que tramitar el documento, por eso el año pasado se pidió que lo quiten, pero en vez de hacer eso, lo suspendieron por un año«, le dijo a ANSOL la contadora Verónica San Martín, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC).
«El año pasado se puso en vigencia ese requisito, pero por el reclamo del sector se logró la suspensión por un año, y ahora que estamos llegando a le fecha límite, nuevamente volverán los reclamos«, vaticinó San Martín. El objetivo es que en estos días las Federaciones y Confederaciones de cooperativas puedan reunirse con el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para que intervenga, aunque en un escenario de recortes brutales y despidos, la situación es compleja.
Rodrigo Olgado, contador del Equipo Técnico de la Incubadora de Cooperativas y Mutuales de Cuidados explicó a este medio que «luego del 15 de mayo, las cooperativas que no tengan certificados Pymes de cada uno de sus asociados, no lo van a poder renovar, y se les van a caer todos los beneficios, y esto implica sobre todo a las cooperativas de servicios públicos (luz, agua, gas etc.) quien tienen el peor escenario, pero también a algunas cooperativas de Trabajo».
Olgado explicó que los beneficios que perderían las cooperativas son «el pago trimestral del IVA, no van a poder tomar como pago a cuenta el impuesto a los débitos y créditos bancarios al 100% y van a tener que absorver casi un 66% de pérdida, no van a tener los beneficios ante futuros planes de pago de AFIP y se da de baja el acceso a subsidios o ayudas económicas», entre muchas otras cosas más.
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