En una merecida coincidencia después de casi 15 años de lucha de las vecinas y vecinos del barrio San Antonio, en el sur de la ciudad de Córdoba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el Estado argentino por la contaminación de la planta de Porta Hnos. S.A., al tiempo que en la provincia, la Cámara Federal dictó una nueva resolución exigiendo la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) mientras avanza la investigación por presunta corrupción contra dos jueces que habrían fallado a favor de la empresa a cambio de obscenos traslados en avión privado.
Sin embargo, Silvia Cruz –60 años y referente de Vecinos Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) que desde 2012 exige el cumplimiento de la legislación vigente y el cese de la contaminación de Porta– es incapaz de una mueca alegre. “Ha sido un camino duro y todavía seguimos luchando. Vimos con mucha tristeza a los que se fueron, a los que tuvieron que abandonar sus casas por prescripción médica porque los hijos se le estaban enfermando, y también a los que se fueron al otro mundo, porque acá se está matando gente”.
Con el número 15.978, la petición presentada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) junto a VUDAS, se convirtió en el segundo caso de contaminación industrial en Argentina –el otro es la denuncia por los daños a la salud causados por la planta química de Atanor en San Nicolás– que llega a esta instancia del Sistema Interamericano. La Comisión deberá determinar en un plazo de cuatro meses, prorrogable, si fuese necesario, hasta un máximo de seis, si el Estado nacional incumplió su obligación de proteger derechos como el ambiente sano, la salud, la participación ciudadana, el acceso a la información y la tutela judicial efectiva, en relación con el funcionamiento de la fábrica Porta que produce bioetanol a partir de maíz transgénico desde 2012.
“Lo que se logró es muy relevante porque pone al Estado provincial y nacional bajo la lupa internacional por su responsabilidad en la violación de derechos humanos. En materia ambiental esto se da muy poco; entre el uno y el cuatro por ciento de las denuncias que llegan a la Comisión logran pasar los filtros formales para convertirse en caso”, destaca María Laura Carrizo, abogada y coordinadora del área de Ambiente de Fundeps.
“Fue un proceso muy largo, pero que no ha terminado –aclara enseguida–. Es una comunidad que vive continuamente en riesgo bajo una contaminación muy severa. Tiene que haber una respuesta urgente porque en el mundo no hay otra planta de bioetanol que se encuentre separada de las viviendas solo por un alambre. Pero la mirada no debe estar puesta solo en la empresa sino también en el Estado cordobés que permitió que esta situación de vulneración de derechos se sostenga en el tiempo”.
Zona de sacrificio
El 3 de agosto, la Cámara Federal de Córdoba confirmó, por quinta vez, que la empresa debe realizar la EIA en los términos de la ley provincial N.º 10.208, que, entre otros instrumentos de gestión ambiental, supone la obligatoria del Estudio para obras o proyectos riesgosos. Además, cuestionó expresamente a la Secretaría de Ambiente provincial por considerar suficiente una habilitación administrativa pese a la sentencia firme que ordena la realización de la EIA.
En estos años, investigaciones de la llamada “ciencia digna” probaron los daños para la salud y el ambiente de las familias que viven a metros de la planta. En 2013, el primer relevamiento encargado al médico de Pueblos Fumigados Medardo Ávila Vázquez concluyó que más del 53% de los vecinos sufrían problemas de la piel, enfermedades respiratorias, gastritis y dolores de cabeza, entre otras afecciones. En 2016, el segundo estudio confirmó la presencia en el aire de efluentes gaseosos como formaldehído, tolueno y xileno: también una tendencia al aumento de casos de cáncer y una alta prevalencia de niños que nacían con anomalías congénitas. En plena pandemia, cuando Porta había quintuplicado su producción por la demanda de alcohol, los vecinos se sometieron a estudios de genotoxicidad, a cargo de la doctora en Ciencia Biológicas, Delia Aiassa, que constató el daño genético en todos los niños y niñas analizados. Recientemente, VUDAS solicitó un estudio de carga de fuego que demostró que los volúmenes de combustible almacenados en la planta superan cien veces los límites permitidos para una zona urbana, convirtiendo al barrio en una bomba de tiempo.
La realidad –concluye Silvia– es que a los políticos no les importa la gente. Descubrimos que no estamos yendo contra una empresa, sino contra una idea económica compartida por el gobierno provincial y nacional que es la de convertirnos en zona de sacrificio”.
Jueces en la mira por un viaje en avión privado
El pasado 23 de julio, el Ministerio Público Fiscal promovió una investigación penal contra los jueces federales Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi, de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por la presunta comisión del delito de admisión de dádivas.
El requerimiento se basa principalmente en un viaje de ida y vuelta en avión privado entre Córdoba y Punta del Este, realizado por ambos magistrados los días 29 de marzo y 2 de abril de 2024, que la fiscalía considera, a prima facie, incompatible con la Ley de Ética Pública.
Según el requerimiento, ese viaje habría estado vinculado con empresas y grupos económicos con causas en trámite ante esos mismos juzgados, entre ellas Porta Hnos.
Para Fundeps, “si las sospechas planteadas por la fiscalía contra ambos jueces se confirman, estaríamos ante una grave afectación de las garantías de independencia e imparcialidad judicial en un caso que lleva más de diez años sin una solución efectiva para la comunidad afectada».
