Córdoba: tembladeral político tras la detención del subjefe de la policía

La detención del subjefe de la Policía de Córdoba es un ladrillo más en  la pared en un gobierno provincial que en los últimos meses viene padeciendo escándalos judiciales con altos funcionarios involucrados. Quién hace el casting es la pregunta, en una gestión continuada que ya vio caer a no menos de media docena de autoridades ligadas a la Seguridad, algunas incluso ya condenadas. Conocido el encarcelamiento del comisario general Alejandro Mercado, acusado de encubrimiento en una causa por asociación ilícita, la oposición intenta sacar provecho y el oficialismo se defiende asegurando que “el Poder Judicial investiga con independencia, y en Córdoba el que las hace, las paga”. En rigor, lo que intenta el Gobierno de Martín Llaryora es reducción de daños: detrás de las palabras campea una preocupación sin par ante una genealogía de escándalos que enciende las máximas alertas en la sede de gobierno conocida como El Panal.

La investigación

El ahora subjefe Mercado es el más encumbrado de ocho apresados en un expediente que instruye el fiscal Enrique Gavier y que apunta a un local de la céntrica Galería Norte, donde funcionaría una financiera ilegal y la venta de celulares y neumáticos robados. Los sospechosos fueron apresados en once allanamientos en la capital provincial, La Calera, Arroyito, Rio Segundo y Lozada. A Mercado se le achaca el delito de encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público; la subcomisaria Verónica Aguilar y el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera fueron detenidos como miembros de una asociación ilícita, y a éste último se le imputa también falsa denuncia y falsedad ideológica. Mismos cargos que afronta el empleado judicial Juan José Corzo, al tiempo que cuatro integrantes de la familia Monge, regenta del comercio, también están presos.

La detención del segundo en la línea de mando de la Policía cordobesa causó un impacto político de consecuencias impredecibles. El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros tuvo que salir a capear el temporal y señaló: (el caso) “nos duele, nos pega como fuerza, como institución”, y anunció el pase a retiro. Luego aseguró que Mercado tenía aval del poder Judicial, lo que abrió una grieta con ese sector afín del poder local.

Menos contemplativa, la oposición en la Unicameral pide la renuncia del funcionario –exjuecista y exvecinalista, nuevo aliado– y lo que queda de la cúpula policial; también la intervención de la fuerza y la extensión de las facultades anticorrupción a las fiscalías. El legislador Carlos Briner pide incluso la comparencia en el recinto del propio mandatario provincial, que por estos días estuvo ocupado declarando zona de desastre al área afectada por tremendos incendios forestales.

En la sesión primero y en los medios luego fue el oficialista Miguel Siciliano el legislador encargado de rebatir la intentona opositora. “Este caso demuestra que en Córdoba no hay amigos del poder, que el que las hace las paga y que en ese sentido de nada sirve ser ministro o jefe de policía”, señaló. “Mercado tenía foja intachable, ni un antecedente en 34 años”, abundó.

Al Gobierno se le reconoce rapidez de reflejos, más no sea en plan de reducción de daños. Y se le cuestiona cierta doble vara: el ministro Martín Gill, procesado y pronto a ser enjuiciado por la supuesta comisión de lesiones leves en el marco de una causa por violencia de género, sigue en su cargo.

Una genealogía

En los últimos tiempos varios casos con funcionarios públicos involucrados conmocionaron a la sociedad cordobesa, lo que le sumó incertidumbre política a una crisis económica, social y de seguridad de profundidades insondables. En diciembre, el ex jefe del servicio penitenciado, Juan María Bouvier, fue detenido por presuntas  administraciones irregulares en los penales de Bouwer, Cruz del Eje y Villa María. En el primero de esos complejos carcelarios, adonde fue alojado Mercado, cumple también prisión el ex comisario general Gustavo Folli, también ex subjefe, acusado de haber liderado una asociación ilícita que funcionaba en la Dirección Bomberos para fraguar habilitaciones ilegales para comercios, a cambio de coimas.

A la vez, días atrás fue condenado a perpetua el ex director provincial de Defensa Civil Provincial, Diego Concha, por homicidio producto de una agresión sexual en perjuicio de una bombera. Y otros altos funcionarios involucrados en causas de fuste son el ex ministro de seguridad Alfonso Mosquera –va a juicio por violencia de género en perjuicio de una mujer policía y por encubrimiento en el crimen de Blas Correas, y el ex comisario Gonzalo Cumplido, por lo último.

Al interior de la fuerza hay un escalafón que de algún modo se corta cuando se trata de elegir a los máximos conductores de la tropa de 22 mil efectivos y difícil de gobernar. Es allí cuando talla el poder político, designando a dedo y sin mayores mecanismos formales de contralor. Existe sí un activo Tribunal de Conducta Policial, que actúa sobre hechos consumados. La detención de Mercado puede ser leída como otra situación individual, o vista como una ventana de oportunidad para iniciar una reforma institucional.   «