Correa es una amenaza

La izquierda amaneció boquiabierta el 3 de julio. La Justicia ecuatoriana ordenaba la detención del presidente Rafael Correa justificando un supuesto incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la misma jueza. Correa fue acusado por la Fiscalía de ordenar y coordinar personalmente el secuestro de un ciudadano ecuatoriano en territorio colombiano, en 2012. Este hecho configura un crimen de Estado. ¿Quién imaginaría que el hombre que expulsó la base estadounidense de Ecuador y dio asilo a Julian Assange podría un día ser acusado por la derecha, de lesa humanidad?

El pedido de detención es un hecho digno de la «republiqueta bananera» en que Lenín Moreno convirtió a Ecuador. Los atropellos legales son inherentes al proceso; desde la denuncia sin pruebas de convicción, la no autorización de la Asamblea Nacional a la jueza para el desaforo del presidente Correa, a la reunión secreta e ilegal de siete horas del fiscal con el único testigo de acusación. Es la máxima expresión de la judicialización de la política en nuestro continente que ya ha encarcelado al presidente Lula y al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

Quien acusa al presidente Correa del supuesto secuestro es un irrelevante personaje de la política ecuatoriana con 23 juicios en su contra, entre otros, por agresión a su pareja, demanda de alimentos y extorsión. La vida política de Fernando Balda se resume a ser parlamentario alterno –ni siquiera titular– aunque CNN insista en presentarlo como «Asambleísta». 

La realidad es que Balda fue secuestrado en Colombia en 2012, en un infeliz episodio conocido como «paseo millonario», o secuestro express, en el que la policía colombiana pudo actuar rápidamente y condenar a los implicados, presos hasta hoy.

En ese momento, Balda era prófugo de la Justicia ecuatoriana por los delitos de crimen contra la seguridad del Estado, y por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Al ser rescatado del secuestro, la misma policía colombiana constató no sólo su situación migratoria irregular sino que se trataba de un delincuente prófugo. No cabía más que la extradición.

Lo más sorprendente de la detención de Balda es que él y el actual testigo de la acusación contra Rafael Correa, Raúl Chicaiza, eran socios en la venta de equipos y servicios de espionaje al Ejército, policía y la temida inteligencia del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, con quien también mantenía una relación de amistad.

Este mismo delincuente se reunió con Lenín Moreno el 17 de noviembre de 2017 en Quito, para articular esta denuncia. Inclusive Balda confirmó previamente, vía Twitter, los pasos futuros contra Correa. Las tentativas de Moreno de enjuiciar al expresidente fallaron hasta entonces. La Consulta Popular realizada en 2017 demostró la fuerza del «Mashi» que, sin ningún tipo de publicidad, el boicot absoluto de la prensa, y atentados contra su vida, logró el 40% de la votación en su postura contraria a la reforma de la Constitución propuesta por Moreno. Se prendían las alarmas en la derecha: Rafael Correa estaba demasiado vivo políticamente. Era una amenaza. «