Correo Argentino: entre aceptar una oferta por su deuda o decretar la quiebra

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli definirá este miércoles la situación de la empresa Correo Argentino, de la familia del ex presidente Mauricio Macri, entre dos alternativas principales: aceptar una oferta por su deuda (que el Estado estima cinco veces menor a lo que realmente debe pagar) o decretar su quiebra.

Cualquiera de esas dos alternativas significará para el Estado una pérdida millonaria. Si se aceptara la oferta, de 1011 millones de pesos, el Estado dejará de percibir unos 3.700 millones de pesos, que –según sus cálculos- es el monto de la deuda actualizada de los últimos 20 años.

El Grupo Macri, sin embargo, asegura que con ese pago cancelará el total de lo que le adeuda al Estado mientras que, en otro juicio, se discute si es el propio Estado el que ahora le adeuda dinero a la empresa del clan familiar por los supuestos “daños y perjuicios” derivados del quite de la concesión del servicio postal.

¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y otro cálculo?

Está completamente descartado el cálculo que hablaba de una deuda de 70 mil millones de pesos. A esa cifra se llegaba con la alquimia matemático-política que diseñó el gobierno de Macri para beneficiar a su propio conglomerado empresario. Aquella propuesta de pago incluía una quita de capital, un cálculo amarrete de intereses y un plazo de cancelación de 15 años. A final de todo ese proceso, el perjuicio para el Estado hubiera sido, sí, de unos 70 mil millones de pesos, y ese fue el cálculo que realizó la fiscal Gabriela Boquín.

Ese perjuicio estuvo a punto de concretarse, pero la advertencia de Boquín lo evitó.

La situación, hoy, muestra que la empresa Correo Argentino dejó de pagar los cánones a principios de siglo, en el contexto de la crisis de 2001. La deuda -ahora tácitamente reconocida por la empresa de los Macri-, trepaba entonces a 296 millones de pesos, equivalentes a dólares.

A esa suma, la empresa Correo Argentino le calculó intereses de acuerdo a las pautas previstas para penalidades por falta de pago en el contrato original de concesión, realizada durante el gobierno de Carlos Menem, en plena vigencia de la convertibilidad y con una inflación planchada. La tasa aplicada para ese cálculo se denomina “libor más tres” y así se llega a los 1011 millones.

Pero en la historia argentina de los últimos 20 años pasaron cosas. El estallido de la convertibilidad, la brutal devaluación posterior, las sucesivas espirales inflacionarias y la inestabilidad cambiaria, que llevó el precio del dólar de 1,40 en 2001 a un valor por encima de los 94 en el mercado oficial en la actualidad.

El Estado Nacional reclama que la jueza en lo Comercial aplique la misma tasa que aplica a cualquier otro procedimiento de quiebra porque considera que, de otra manera, se licua la deuda. Dicho de otra manera: dejar de pagar y estirar un proceso en el tiempo diluiría la deuda, en perjuicio del Estado, es decir de toda la sociedad. Y la Justicia no debe –sostienen- convalidar eso.

Con la aplicación de la “tasa activa” a la deuda original, la cuenta de lo que debe la empresa de los Macri trepa a unos 4.700 millones de pesos.

¿Qué puede pasar? Hay un pequeño abanico de posibilidades. La jueza podría aceptar la propuesta de los 1011 millones (que el Estado Nacional ya rechazó) y avanzar también en el acuerdo con los otros acreedores público, entre ellos el Banco Nación y la AFIP, a quienes propuso pagarles a diez años de plazo. En ese caso, el perjuicio para el Estado sería de unos 3.700 millones de pesos.

La jueza también podría rechazar la propuesta y decretar la quiebra de la empresa. Los bienes que tiene para responder a sus acreedores son ínfimos: mobiliario, un plazo fijo en dólar, algún inmueble y poco más. En ese escenario, la pérdida para el Estado sería mucho mayor aún.

¿Entonces, por qué el Estado no acepta los 1.000 millones y se asegura, al menos, una pérdida menor?

Fuentes de la Procuración del Tesoro, que dictamina y aconseja al Estado sobre qué hacer ante estos casos, explican que si se tratara de una PyME se debería aceptar la propuesta. Pero detrás de la empresa Correo Argentino hay un poderoso grupo empresario capaz de afrontar el quebranto. Además, el funcionario que aceptara cobrar 1.000 cuando debería percibir 4.700 podría estar cometiendo un delito.

Otro escenario (que parece poco probable) sería la declaración de la quiebra y, luego de ello, una oferta mejorada por parte de la fallida. Algo así como que, después de la quiebra, el Correo Argentino diga: “de acuerdo, les dieron la razón a ustedes, ¿cuánto es?”. Allí se abriría otro escenario, mucho más complejo incluso desde el punto de vista judicial.

La empresa Correo Argentino presiona con un argumento más político que judicial. Sostiene que la oferta que realizó colma todas las expectativas de cobro por parte del Estado y que si éste no las acepta es por una suerte de persecución política contra las empresas que integra el ex presidente Macri.

Por eso pidió la exclusión del Estado, el principal acreedor, del proceso de decisión de aceptación o no de la oferta. Algo así como “le debo 5 a Juan, 3 a José y 2.000 a Pedro. Que Pedro no opine, porque yo creo que no me quiere; que opinen sólo Juan y José”.