Panamá atravesaba un gran levantamiento popular desde el 20 de octubre, día en que el Congreso aprobó de forma express un contrato entre el gobierno y Minera Panamá, filial de una empresa canadiense, para operar por 20 años la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica.
“Como presidenta de la CSJ comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el pleno, hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023″ que refiere al contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), expresó hoy María Eugenia López, al frente del máximo tribunal.
Ese mensaje lo ofreció acompañada de sus ocho colegas desde el Salón de Casación Magistrado y fue divulgado en el canal de YouTube del órgano judicial.
«Esto significa que la ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», añadió la magistrada, al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del máximo tribunal del país.
Los nueve magistrados de la Corte Suprema se habían declarado en sesión permanente el pasado viernes para analizar dos de las demandas presentadas contra la norma.
Tras el anuncio de «inconstitucionalidad» de la ley, se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera de la corte.
Durante las últimas semanas, la atención del país se concentró en la Corte. Ambientalistas, docentes, obreros de la construcción, artistas, campesinos, estudiantes, grupos indígenas, abogados, académicos, entre otros, hicieron vigilia frente al Palacio de Justicia Gil Ponce para pedir la inconstitucionalidad del contrato.
«Esta patria no se vende, esta patria se defiende (…)”, cantaban ayer frente a la Corte los maestros, gremio que está en huelga desde el 23 de octubre.
El Ministerio de Educación informó que a 17.495 docentes de todo el país se les retuvo el salario correspondiente a la segunda quincena de noviembre por declararse en huelga indefinida en rechazo al contrato minero.
Más de 1.300 personas fueron detenidas por la Policía Nacional desde el inicio de las manifestaciones en contra de la Ley 406.
Las protestas de este mes fueron las más grandes desde la caída del dictador Manuel Antonio Noriega en 1989.
El movimiento estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el Gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño.
El contrato fue rubricado en agosto por el Gobierno y la compañía canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PBI y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial.
La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares anuales.
Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México.
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