Cortes de ruta en todo el país contra el Gobierno por la eliminación del salario social

El detonante es la decisión del Ejecutivo, a partir del 9 de abril, de eliminar el salario social complementario de $78.000, una cifra que, según las organizaciones sociales, condena a la indigencia a casi un millón de personas.

Bajo la consigna «Trabajo sin salario es esclavitud», la organización que nuclea a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas busca dar una batalla cultural contra el discurso oficial. «No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer», sentenciaron a través de un duro comunicado que difundieron mediante redes sociales.

La organización no solo reclama por los ingresos de la economía popular, sino que vincula la crisis del sector con el deterioro general del mercado de trabajo. Según sus estimaciones, la gestión de Javier Milei ya «expulsó» a más de 300 mil trabajadores del empleo formal, quienes hoy presionan sobre una economía popular ya desfinanciada y sin red de contención.

La denuncia apunta a una supuesta maniobra del Ministerio de Capital Humano para «robarle el salario» a más de 900 mil trabajadores, mediante el desenganche del Salario Social Complementario respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que en la práctica licuó el poder adquisitivo del sector.

Una pulseada por el control de la calle

La movilización de este martes se presenta como un desafío directo al protocolo antipiquetes que instrumentó Patricia Bullrich cuando ocupó el ministerio de Seguridad. Los movimientos sociales aseguran que la protesta será masiva y que los cortes se sentirán en los puntos neurálgicos de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales provinciales.

En palabras de la secretaria gremial Johana Duarte ante Agencia Noticias Argentinas, la disposición de la cartera que coduce Sandra Pettovello “atenta directamente contra los trabajadores más humildes, y que expresa la crueldad sin límites de este gobierno nacional. Esto no solamente afecta a los trabajadores de la economía popular que dejarán de percibir los $78.000, sino que es un golpe a los negocios, mercados de cercanías de las economías locales, porque esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia es lo que después el trabajador gasta en el kiosco del barrio, a diferencia del timbero de Toto Caputo que usa la plata que le saca a los argentinos para la especulación financiera».

“Imagínense en una provincia del norte argentino como por ejemplo Chaco donde hoy existen 45.000 trabajadores percibiendo este ingreso de $78.000 que son unos 3.510 mil millones que deja de entrar y circular en la provincia. Es plata que los trabajadores dejarán de usar en los comercios locales y eso implicará una recesión local automática de 6 a 10% del consumo, esto se traducirá en la suba de la pobreza en esta provincia de 8 a 15 puntos”, completó.