Costa Salguero: ya hay fecha para la audiencia pública y vecinos y legisladores confían en revertir la privatización del río

La entrega de 32 hectáreas de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco para la construcción de un barrio náutico de lujo, iniciativa con la que la política de enajenación de tierras públicas de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta parecería haber tocado un techo, también deberá pasar, como otras en el pasado reciente, por audiencia pública. Un momento que será clave para medir hasta dónde puede llegar el gobierno porteño en sus favores al real state o si las organizaciones de la sociedad civil y el interés ciudadano pueden, por una vez, impedir el despojo.

Ya tiene fecha la audiencia pública. Será el 27 de noviembre. Y quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del sitio web de la Legislatura, a partir del 29 de octubre, de acuerdo al cronograma publicado por la Dirección de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura.

Al tratarse de una ley de doble lectura, la audiencia pública es el paso obligado tras la aprobación en primera lectura. No es vinculante, y hasta aquí las audiencias públicas convocadas por la gestión Larreta fueron puestas en escena estériles, donde los vecinos y las organizaciones que los representan expresan su fuerte oposición, pero los legisladores del oficialismo avanzan igual en la sanción definitiva de cada proyecto.

Los dos predios, cuya concesión caduca en 2021, deberían convertirse en un parque público, en cumplimiento de la Constitución porteña, que prevé ese uso para la ribera, pero el jueves pasado, con los votos de 37 legisladores de Vamos Juntos, UCR-Evolución y el Partido Socialista, la Legislatura porteña dio el primer paso para su venta a privados.

El proyecto de privatización de esa zona ribereña, en la que el larretismo busca sentar las bases (de la mano del Distrito Joven) de un nuevo Puerto Madero hacia el norte, supone una apropiación del acceso al río para unos pocos, un viejo anhelo que se remonta a los días de Mauricio Macri como jefe de gobierno, cuando naufragó el proyecto Solares de Santa María, un megabarrio privado que iba a construirse en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, el Puerto Madero hacia el sur que no pudo ser.

En Costa Salguero apuntan a construir hasta 10 edificios de hasta 29 metros de altura, para departamentos de lujo con vista al río que tendrían un valor de mercado de 9000 dólares el metro cuadrado, en una ciudad donde el déficit habitacional es flagrante y la necesidad imperiosa pasa por la construcción de vivienda social. Una realidad que durante más de una década del PRO en la Ciudad fue prácticamente invisibilizada, sacrificada en el altar del real state y la especulación inmobiliaria.

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, la audiencia pública se realizará en modalidad virtual vía Zoom, y será transmitida en vivo desde el Salón San Martín por el canal oficial de YouTube de la Legislatura.
Dos días antes, el 25, y con idéntica modalidad, se desarrollarán otras dos audiencias públicas, que tratarán sobre los otros dos polémicos proyectos aprobados el jueves pasado: los “convenios urbanísticos” suscriptos entre el gobierno porteño y dos desarrolladoras que obtienen así beneficios constructivos –más altura y más metros cuadrados que los permitidos– para los predios que adquirieron en remates de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Como explicó Tiempo Argentino en su edición dominical, esos convenios vienen a cerrar el círculo de los negocios inmobiliarios de la administración Larreta. Son permisos especiales para las firmas Koolhass S.A., Arkinver S.A. y Kilometros S.A., que benefician a grandes actores del sector del real state: ABV, que en 2019 adquirió a la AABE macrista los dos terrenos de la vieja Sastrería Miliar, en Las Cañitas, y Mirabilia Desarrollos, que compró hace dos años el predio ubicado entre las calles Vera, Fitz Roy, Ramírez de Velazco y las vías del San Martín, en Villa Crespo.

Además de lo que pagaron entonces (33 y 13,6 millones de dólares, respectivamente), ahora pagarán otros 3,5 millones que se dedicarán, según el proyecto oficial, “a la pandemia”, y les permitirán construir más. Y, desde luego, ganar mucho más comercializando esas unidades, algo que, en el caso de Mirabilia, ya están haciendo aún antes de aprobarse definitivamente el convenio.

Respecto del destino de Costa Salguero, organizaciones urbanísticas y legisladores de la oposición al larretismo confían en que el despropósito del proyecto puede torcer la decisión a la hora de la sanción.

“Perdimos la primera votación pero estamos convencidos de que se puede dar vuelta en la audiencia pública”, expresó el legislador Matías Barroetaveña (Frente de Todos). Y al abogado Jonathan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, llamó a participar de la audiencia: “Sigamos organízándonos y hagamos que respeten la Constitución de la Ciudad y nuestra voluntad de defender la Costanera”.

Leandro Santoro, también legislador del Frente de Todos, aportó lo que cree será “la llave para frenar lo de Costa Salguero. Que el bloque radical y la Coalición Cívica se tiren para atrás, específicamente Martín Lousteau. La presión social va a ser muy importante a través de la audiencia pública”.