Crece el apoyo externo a Castillo, mientras el gobierno peruano aumenta el hostigamiento

Mientras la presidenta interina continúa aferrada al poder y asegura que no renunciará, pese a las manifestaciones populares que así lo piden y por las que murieron ya casi 70 peruanos en contextos de represión, la justicia de ese país sigue restringiendo los derechos del presidente depuesto, Pedro Castillo, detenido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre.

Según una circular interna del Instituto Nacional Penintenciario (INPE) que uno de los abogados de Castillo exhibió a Tiempo, se estaría obstaculizando el acceso del detenido a una parte sustancial de su defensa, clave en la estrategia que busca desandar el cargo por “rebelión” que se le imputa, lograr su liberación y, de máxima, reponerlo en el cargo del que fue despojado tras un golpe parlamentario. “Es una disposición hecha a medida del caso Castillo”, explica Guido Croxatto, abogado penalista argentino que asumió, junto con el exjuez Eugenio Raúl Zaffaroni, un rol central en la defensa del presidente destituido. La circular exhibida por Croxatto establece que entre las nuevas normas relacionadas con las visitas legales a los internos, “los abogados extranjeros deberán presentar su constancia de homologación que le permite ejercer la profesión en Perú”. Según Croxatto, “no es una casualidad que esta resolución aparezca justo ahora. Es porque Castillo está recibiendo cada vez más apoyo de abogados extranjeros dedicados a Derechos Humanos, que viajan a Perú para verlo y asesorarlo, entonces lo que se busca es entorpecer, poner obstáculos a la defensa, y es un mecanismo muy eficaz porque antes un abogado podía ir y ver a Castillo y ahora tiene que homologar el título en Perú para que le den un carnet en un colegio de abogados, un trámite que puede durar un montón de meses”.

Según el facsímil proporcionado por el abogado, la medida del INPE fue fechada el 20 de febrero. Croxatto advierte que es coincidente con la publicidad de una carta que recibió de la hija mayor de Castillo, Yenifer Paredes, en la que revela en detalle cómo se produjo la detención de su padre en momentos posteriores en que diera aquel discurso por el que lo acusan de intentar un “autogolpe”. En el relato se ponen en evidencia gravísimas faltas a los derechos de Castillo y su familia, entre ellos una niña de 11 años, afectada por el violento operativo policial que los detuvo con armas con puntero láser y pasamontañas en la cabeza, antes de que el Congreso aprobara la “vacancia”, es decir, cuando Castillo todavía era presidente y por ende jefe de las fuerzas armadas y de seguridad.

“Es este el momento que más me duele describir y será el más doloroso: vi dos efectivos de la policía que llevaban pasamontañas que nos apuntaban con armas a mí y Arnol y pidieron que avancemos”, relata en un texto que se puede leer completo en la edición web de hoy. “Al ver que llegamos a la prefectura sentí miedo y solo quería llorar. Llegamos y nadie decía nada, luego vi bajar a mi papá y el alma se me rompió, sabía que era la última vez que lo veía”, relata Paredes. La mayor parte del núcleo familiar se encuentra refugiada en México, con apoyo explícito del presidente Andrés Manuel López Obrador (ver aparte). Allí están la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos menores, Alondra y Arnol. Yenifer se encuentra en Perú, pero según dice, no tiene posibilidad de contactar a su padre. En su escrito desesperado le pide a los abogados “que ayuden a mi papá, él es un hombre muy bueno, luchaba por su pueblo todos los días y sacrificó muchas cosas por el bien del país”.

Croxatto, que trabaja en coordinación con un equipo de abogados peruanos, asegura que para ver a Castillo debió presentarse como visitante, ya que incluso antes de la nueva orden, enfrentó obstáculos para ingresar al penal como letrado. “Yo lo noté seguro, muy determinado y que no cometió ningún error en el discurso que dio, más bien se estaba defendiendo de un golpe que él juzgaba inevitable”, comentó Croxatto acerca de su encuentro.

En referencia al discurso del 7 de diciembre, en que Castillo planteaba la disolución del Congreso para convocar a elecciones, expone que “de alguna manera dio una proclama política antes de que lo echasen, la mayor prueba de que no había ningún golpe de Estado es que la rebelión, que es el delito que se le imputa, implica alzamiento en armas, pero no hubo ningún arma alzada de parte de Castillo. Las únicas armas fueron contra Castillo y sus hijas, ese es otro delito del Estado peruano que en algún momento va a haber que juzgar”.