Los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi sobreseyeron a Macri en la causa que investiga los seguimientos. El diputado del FdT Germán Martínez dijo: "La sentencia genera un gran peligro".
«El fallo es un escándalo y también es sugestivo por la vinculación innegable de Macri con los integrantes de la Cámara Federal, y previo a la feria judicial de invierno», dijo Martínez en declaraciones a El Destape Radio. El diputado consideró que «genera un gran peligro por la ventana que abre para que se pueda espiar a argentinos en nombre de la seguridad presidencial».
El diputado se refirió así a la decisión que tomaron los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones, quienes sobreseyeron a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno en el marco de la causa en la que se investiga por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
En el fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se considera que «no se cometió delito alguno» en la producción de informes de inteligencia en los que se incluyó información de los familiares de las víctimas del submarino que se hundió en 2017 y vincularon la «actividad desplegada» con la seguridad presidencial.
La decisión va en contraposición de lo que había resuelto el juez federal de Dolores, Martín Bava, en diciembre de 2021, cuando procesó a Macri por considerarlo responsable de permitir la realización de tareas ilegales sobre los familiares de los tripulantes del San Juan. Y de haber utilizado esa información para evitar que la imagen de su gobierno se viera afectada.
Los camaristas federales porteños, sin embargo, aseveraron que «existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas».
«La evidencia reunida permite tener por corroborado que la injerencia de este organismo en esta actividad –mediante los informes objeto de imputación– fue realizada en el marco de sus atribuciones, siendo que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional», escribieron Llorens, Bruglia y Bertuzzi. Y apuntaron que, por ejemplo, «la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia, resulta atendible dentro de los propósitos que inspiran a la inteligencia en este ámbito».
En sus declaraciones, Martínez analizó que el fallo «es peligroso» debido a que «abre una puerta, ya que no niega el espionaje sino que lo enmarca en actividades presidenciales para garantizar la seguridad del presidente». Y acotó también que la decisión de la cámara «abre la legitimación de que se pueda hacer espionaje en nombre de la seguridad presidencial, lo cual abre una caja de Pandora» que «no estamos tomando dimensión de lo peligroso del fallo ahora y a futuro para la Argentina».
También interpretó como «un gran cinismo» que se considere en la sentencia a los familiares como «un potencial peligro para el presidente» y añadió: «Hay sectores de la Justicia que están pensando en las elecciones». Y sostuvo que lo hacen «junto a las corporaciones económicas que están tratando de generar una devaluación».
Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan también repudiaron el fallo. El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y querellante en las causas que se originaron tras el hundimiento del submarino, calificó de «grotesco» el sobreseimiento y adelantó que apelará la decisión. «Es una resolución sustentada sólo en lo que dice la defensa de Macri, desconociendo toda la prueba. Se trata de un fallo con características grotescas», señaló, y confirmó que apelarán ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia.
Tagliapietra, quien representa en esta causa a once familiares de los marinos del submarino hundido, aseguró que durante todo la investigación se «recolectó mucha prueba» en torno al espionaje ilegal que se llevó a cabo sobre los familiares y detalló que «hubo seguimientos personales, fotografías, videos, escuchas acerca de qué le íbamos a plantear al presidente antes de una reunión». Por todo esto, el abogado sostuvo que la resolución «está desajustada a derecho, desconoce toda la prueba del expediente». «
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