Crece la conflictividad social en Jujuy, pese a la ayuda de la Nación

La administración provincial que es foco de atención por la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala tiene una realidad doméstica poco difundida que incluye una creciente conflictivida social, despidos y amenazas de ajuste. A pesar de los lazos estrechos del gobernador Gerardo Morales con el presidente Mauricio Macri y la llegada de 1260 millones de pesos del gobierno nacional, se multiplicaron las movilizaciones y reclamos por despidos en el Estado y en grandes empresas que amenazan con cerrar sus puertas o suspensiones. A esto se sumó la pérdida de 5 mil puestos de trabajo en las cooperativas de vivienda de la Tupac Amaru y otros 5 mil de otras organizaciones sociales.

El caso emblemático y en plena disputa es el del ingenio La Esperanza, competidor directo de la empresa de los Blaquier. La visita de Macri a la provincia para inaugurar viviendas construidas por Ledesma despertó la sospecha de los trabajadores, a quienes la provincia les prometió un inversor secreto a cambio de que acepten una reducción de 800 puestos de trabajo. 

La negociación es compleja: la semana próxima se tratará en la Legislatura un proyecto de ley de Morales para declarar en emergencia el ingenio, en quiebra activa (produciendo) desde hace 15 años, pero la propuesta incluye la desvinculación de 811 de los 1300 trabajadores. 

“Creemos que detrás pueden estar los Blaquier, por su relación con el gobernador. Creemos que hay gato encerrado si no blanquean quiénes son los inversores. Nosotros también tenemos alternativas, como la autogestión o un inversor extranjero, que lo haría sin despidos y mejorando las condiciones actuales”, explicó Raúl Ortiz, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar en el ingenio. 

El jueves, la Legislatura aprobó el pedido de informes presentado por el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular para conocer con precisión cuál es la real situación del ingenio, ya que sus trabajadores insisten en que la empresa funciona mejor de lo que se hace público. 

“Dicen que la provincia paga los sueldos con plata de todos pero no dicen qué ha pasado con la producción del año pasado, en la que fabricamos 65 mil toneladas de azúcar y 15 millones de litros de alcohol. Lo que se ha producido alguien lo vendió y se quedó con la venta. El gobernador debería decir qué se hizo con ese dinero, que serían unos 400 millones de pesos”, agregó Ortíz en diálogo con Tiempo.

La discusión por el futuro del ingenio se da en el marco de movilizaciones de estatales que reclaman por el despido de casi 1000 trabajadores entre la provincia, los municipios y la Nación, según datos de ATE Jujuy.  

En su mayoría, se trata contratos de 12 horas semanales por cargos docentes o de capacitación laboral que tenían entre 3 y 10 años de antigüedad en el Estado. “Nos reunimos con la ministra de Educación, Isolda Calsina, y nos dijo que era una decisión de Morales rescindir contratos. Si hay plata, porque entró dinero en los últimos meses, se trata de un capricho y una actitud antisindical porque son de ATE”, explicó Carlos Mercado, secretario adjunto de ATE Jujuy. Además, se refirió a la postura del gobierno provincial: “Vemos un futuro incierto y no sabemos qué puede pasar. Día a día se complica la situación en Jujuy. Cada vez se ve menos consumo en los barrios. Si sigue esta situación, va a empezar una crisis social”.

La mina Pirquitas puede aumentar el número de despidos en los próximos meses. Su cierre fue anunciado por el gobernador y sus funcionarios en marzo pasado. En septiembre, según los plazos de la firma canadiense Silver Standard, unos 200 obreros que realizan la extracción de los minerales quedarían sin trabajo y el año que viene serían otros 600, cuando finalice el procesamiento de ese material extraído. 

“La realidad es que se termina el mineral de un sector. Se están haciendo esfuerzos desde la empresa y entidades sindicales para que se continúe unos meses más, pero es un proyecto que tenía un principio y un fin”, aseguró a Tiempo Luis Tinte, secretario general de la seccional Jujuy de la AOMA, Asociación Obrera Minera Argentina. 

Aceros Zapla también está en ebullición. Tras el desguace de los Altos Hornos Zapla, la heredera privada es gestionada por Sergio Taselli, quien amenaza con suspensiones y despidos tras el final de la conciliación obligatoria.

“Días atrás despidieron 7 compañeros. Fueron reintegraron y ahora nos suspenden 45 más. La empresa aduce crisis económica y financiera y quiere iniciar suspensiones sobre los 400 trabajadores”, indicó Víctor Aguirre, secretario general del Sindicato único de trabajadores de Aceros Zapla. 

El dirigente subrayó que la empresa utiliza la situación general del país para obtener alguna ventaja. “Sostienen que hasta que no lleguen los Repro continuarán suspendiendo. Taselli está acostumbrado a vivir de subsidios. Sabemos que el gobierno provincial va subsidiar los servicios pero ellos quieren la chancha, los chanchitos y la máquina de hacer chorizos”, sostuvo.