Según el artículo 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078, “el costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los Asentamientos será asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales serán afrontados por los respectivos Municipios”.
San Martín presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, contra la propia provincia. La acción no solo reclama la “inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad inmediata” del artículo, sino también del Decreto Provincial N° 1289/2019, que aprobó el traspaso de Nación a Provincia.
“La cuestión de fondo es la siguiente: antes, el Estado nacional y provincial hacía los aportes respectivos. Lo que criticamos fuertemente es que en esta gestión el Estado se corrió de sus obligaciones y dejó estas cuestiones al mercado. Estos servicios no son mercancías comunes y el Estado debe intervenir activamente para regular, controlar y dar accesibilidad y asequibilidad; son compromisos ineludibles para el Estado”, destacaron desde el organismo que conduce Guido Lorenzino.
“Este conflicto se incrementó con los traspasos de la órbita nacional a la provincial. La Provincia ha dicho que aportará solamente al equivalente a lo que aportó en 2018. Con los aumentos que hubo este año (43,6%, promedio), indudablemente ese monto no alcanza para estos consumos y del resto se debe hacer cargo el municipio”, resumió Ruesga.
“Nuestra opinión como Defensoría es que la provincia no puede correrse de la obligación que tiene. Afecta de lleno a los presupuestos de los municipios y a su normal funcionamiento”, aseguró el secretario.
“Son más de $ 152 millones que debemos afrontar sin que estén presupuestados. Esperamos que la Justicia revierta esta medida rápidamente”, apuntó a Tiempo el intendente Gabriel Katopodis y amplió: “Una vez más, el gobierno de Vidal decide transferir responsabilidades a los municipios de manera inconsulta y arbitraria. Sucede con la Seguridad, el arreglo de las escuelas, la urbanización de barrios o infinidad de obras que debe hacer la Provincia y, sin embargo, nos hacemos cargo los municipios”.
Además, desde el municipio afirman que el cálculo utilizado por la distribuidora está basado en la categoría R2, de consumos medios y altos, cuando no es ese el servicio que brinda en los asentamientos, donde reinan las conexiones precarias (que muchas veces incluso se cobran vidas), los cortes y la baja tensión.
San Fernando está en una situación muy similar a la de San Martín. También fue intimado por Edenor y el intendente Luis Andreotti evalúa iniciar acciones legales.
Fuentes del municipio explicaron a Tiempo: «Edenor busca cobrar un servicio cuando no hay ningún organismo oficial que diga si es correcto o no. San Fernando, como iniciativa propia, ha hecho un relevamiento de los medidores y hay irregularidades. Por ahora, el municipio rechazó por Carta Documento lo que la empresa de luz exige. También se está trabajando en una presentación judicial, sumada a la de San Martín, y se está en contacto permanente con la Defensoría del Pueblo bonaerense». Finalmente, desde San Fernando comentaron: «Jorge Macri, del partido de Vicente López, también se puso en contacto. Está interesado en sumarse a este reclamo».
Esta bomba fue activada por la gobernación saliente y afectará también a la entrante. La cuestión tarifaria será uno de los primeros problemas que deberá afrontar Axel Kicillof y no son pocos los intendentes que golpearán la puerta por este asunto. “Estamos convencidos de que la nueva administración revertirá esta situación y tendremos una mesa de diálogo”, dijo Ruesga desde la Defensoría.«
La Defensoría rechazó más aumentos
El millonario monto que los municipios deben pagar a las distribuidoras por el defectuoso servicio que ofrecen en los barrios más vulnerables no es el único punto de conflicto entre la Defensoría y el gobierno de Vidal por cuestiones tarifarias. La Defensoría también inició una acción legal contra la gobernadora por el aumento que autorizó a las eléctricas del interior, a Edelap y las cooperativas. “Recurrimos a la justicia porque aplicó un aumento del 25% cuando atento al traspaso de mando se debiera dejar el tema para las nuevas autoridades”, expresaron desde la Defensoría de Buenos Aires.
Al día siguiente de perder las elecciones contra Axel Kicillof, María Eugenia Vidal autorizó una suba del 25% en la tarifa eléctrica, que se aplicará desde el 1 de enero de 2020. El planteo de nulidad presentado por la Defensoría fue realizado en el Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de La Plata.
El organismo conducido por Lorenzino planteó que no se dé lugar a la resolución de la gobernadora, al considerarla “de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad”. El aumento “responde nuevamente a la forma que tienen de analizar las tarifas como si estuvieran sometidas a las leyes de mercado”, apuntó Lorenzino.
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