La Argentina no ha declarado estratégica su producción, lo que muestra la carencia de un proyecto de desarrollo nacional y federal. La explotación deja escasos recursos tributarios en los territorios.

La “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos” (que incluye fundamentalmente carbonato y cloruro de litio) avanzó 41,8% entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025, con un acumulado del 42% entre el primero y el décimo mes del año.
Argentina y el mundo
El llamado “oro blanco” es la clave de lo que se llama “transición energética” hacia variantes renovables. De 2023 a 2024 su consumo aumentó casi un 30%, mientras que, según el Departamento de Energía de EE UU, en los próximos 10 años el consumo mundial será entre tres y diez veces más grande que el actual. El 80% del consumo se explica en la producción de baterías. El precio internacional del carbonato de litio aumentó un 30% desde el bienio 2021/2022 y se estabilizó en aproximadamente U$S 10.000 la tonelada, con un boom especulativo en el medio.
En el “Triángulo del litio” que comparten Argentina, Bolivia y Chile, los dos primeros lideran con el 40% de los recursos identificados (23 millones de toneladas cada uno), mientras que en Chile está el 20% restante, equivalente a 11 millones de toneladas. No obstante, Chile lleva una ventaja: fue el segundo productor mundial, por detrás de Australia. En ese ranking, la Argentina ocupa el quinto puesto.
En el salar de Atacama, el gobierno chino viene de pedir prioridad absoluta en la actividad. Resulta imposible despegar al litio de la guerra comercial entre Washington y Beijing, sobre todo si se piensa en el acuerdo que se negocia entre la Argentina y EE UU. Juan Salvatierra, investigador del Centro de Estudios Argentina-China, indicó que “nuestro país se encuentra atravesado por una disputa geopolítica ante la creciente tensión entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial. El desarrollo de los hechos nos lleva a inferir que dicha disputa se profundizará en los próximos años. El litio, central en materia de transición energética, es uno de los tantos planos en los que se ve plasmada esa tensión que demanda una gran lucidez política para navegar”.
Extranjerización
Ningún gobierno en la Argentina, desde la primera explotación de litio, en 1997, hasta hoy, declaró el carácter estratégico de este mineral. Esto impide el avance tanto en los lineamientos y la planificación, como en las políticas públicas.
No es solo un error. Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) de octubre pasado marcó la precariedad del armado político que rodea al litio. “A diferencia de Chile y Bolivia, el Código de Minería argentino permite que cualquier agente privado, nacional o extranjero, adquiera yacimientos de litio mediante una simple concesión minera, sin condiciones y a perpetuidad. Una vez obtenidos, estos agentes pueden hipotecarlos, venderlos o explotarlos para producir y comercializar litio con la técnica, la escala y el destino que deseen”.
Los resultados están a la vista. Argentina en 2024 alcanzó su máximo histórico de producción en base a una estructura prácticamente extranjerizada. Hay seis proyectos y solamente Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) aparece con una participación menor en dos de ellos. En Cauchari-Olaroz tiene el 8,5%, mientras que la china Ganfeng Lithium posee el 46,7% y la canadiense Lithium Argentina AG, el 44,8 por ciento. Y en Sales de Jujuy también posee el 8,5%, mientras que la británica Rio Tinto tiene el 65% y la japonesa Toyota Tsusho, el 26,5% restante.
En los demás proyectos activos solo hay presencia extranjera: Rio Tinto en Fénix (Catamarca); la francesa Eramet en Centenario-Ratones (Salta); Posco, de Corea, en Sal de Oro (Salta); y Ganfeng Lithium en Mariana (Salta).
Candelaria Oviedo, economista y docente, una de las autoras del informe de la FDHI, le dijo a Tiempo: “El litio define el poder. Hoy, Argentina tiene una posición fuerte, pero también vulnerable. Porque, lógicamente, diferentes países presionan para asegurarse todos estos recursos que tenemos. Y ahí, lógicamente, nos quedamos con el riesgo de sólo quedar exportando naturaleza barata y después importar tecnología cara”.
Esa extranjerización no deja réditos tributarios. Las regalías provinciales son migajas mientras que la tributación nacional se encuentra limitada por la Ley de Inversiones Mineras de 1993, durante el menemismo. Oviedo observó que «el régimen tributario actual del litio, y ahora con el RIGI mucho más que antes, solamente está pensado para atraer inversión privada y no para planificar desarrollo, ni mucho menos para cuidar el territorio. Es decir, las provincias cobran regalías que son bajas. Siempre fue históricamente el 3% y ahora va a ser en algunos casos hasta el 5% con el RIGI. Pero se calcula sobre el valor en boca de mina, que suele subestimar bastante el valor real. Al estar en el esquema de las inversiones mineras, la explotación de litio recibe muchos beneficios, como exenciones en el impuesto a las ganancias, devolución del IVA por compras y demás”. Un informe de diciembre de 2025 de Fundar definió: “El régimen tributario para la minería del litio vigente en Argentina está caracterizado por su regresividad, inestabilidad y escasa articulación entre niveles de gobierno”.
¿Futuro?
Sobre el futuro, Oviedo consideró que “cuando se habla de industrializar el litio, en general, solo pensamos en baterías. Pero, por ejemplo, la electromovilidad en Argentina podría ser otro modo. Si se lo destina a los colectivos eléctricos tenés trabajo local y desarrollo tecnológico. Para que eso pase el Estado tendría que intervenir. Tiene que garantizar una parte del litio a precio referencial para la industria local, promover plantas industriales, articular con ciencia y producción, un sector hoy castigado. Si eso no pasa, veo muy lejos cualquier industrialización. Va a existir posibilidad cuando el recurso esté en manos del pueblo”.
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