Crece la violencia en una Nicaragua que no encuentra la salida

Nicaragua concluyó una semana convulsionada, acaso la más sangrienta y movilizada desde el inicio del conflicto entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición nucleada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que pide su renuncia y el adelantamiento de las elecciones, demanda apoyada por parte de la comunidad internacional y que intentó sin lograrlo, imponer esa agenda desde la Organización de Estados Americanos (OEA). El viernes, en el operativo de desalojo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), tomada por estudiantes opositores al gobierno, murieron dos jóvenes en medio de una violenta represión que los obligó a refugiarse en una iglesia de Managua. Ese mismo día se desarrollaba otra jornada de protesta en que también murieron un policía y un civil en Masaya, un paro nacional de comercios y empresas, y la «Marcha del repliegue», un histórico acto de liturgia sandinista organizada por el gobierno, mientras el Consejo Permanente de la OEA se reunía para tratar la crisis en el país centroamericano, a pedido de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú. Allí, la embajadora argentina, Paula Bertol, intentó introducir un proyecto de resolución que llama al diálogo y condena la violencia que en estos tres meses de conflicto registra 270 muertes y más de 1800 heridos, según la Comisión Interamericana de DDHH. Pero el texto también incluyó dos puntos donde se exhorta al gobierno de Ortega a «que considere todas las opciones para lograr la paz» y que «apoye un calendario electoral acordado». La moción, que generó el rechazo de Venezuela y Nicaragua porque no había sido incluida en la agenda, fue indirectamente apoyada por el secretario general del organismo, Luis Almagro. El canciller criticó a las naciones que pretenden «que se cambie el gobierno de Nicaragua rompiendo el estado de Derecho». Denis Moncada habló de «injerencias e intervenciones». Pidió que en cambio, la OEA denuncie «las actividades terroristas que ponen en peligro a la seguridad, la paz y la convivencia de todos los nicaragüenses» que, a su entender, promueven «un golpe de Estado y la ruptura del orden para lograr cambio de gobierno de manera inmediata, rompiendo las reglas del juego que todos los Estados tienen».

La propuesta presentada por Argentina no pudo ser tratada, luego de un debate sobre la cuestión reglamentaria, y quedó a consideración de una nueva asamblea.

El electoral es uno de los puntos en que el presidente Ortega no está dispuesto a ceder. «Aquí las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo, las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas», dijo la semana pasada. Ortega, quien fue reelecto en 2016 con más del 70% de los votos, tiene mandato hasta 2021.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso a disposición su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), para contribuir en el desmonte de los polémicos «tranques», cortes de rutas en el país. Tarde, porque fue días después de que el gobierno lanzara una «operación limpieza» para despejar las autovías, lo que generó durísimos enfrentamientos en los que según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) produjeron el lunes 38 muertos, de los cuales cuatro eran policías.

Ese día también hubo un ataque contra obispos por parte de grupos vinculados con paramilitares que tenían asediada la localidad de Diarimba. Hasta el viernes, la Iglesia pensaba continuar como mediadora. El obispo Rolando Álvarez, participante de la mesa de diálogo, dijo que la institución cree que «el diálogo nacional es la única instancia de legitimidad que queda en Nicaragua». Ratificó la vigencia de la mesa, dado que «ni el gobierno ni la Alianza Cívica se han levantado. Continuaremos adelante», afirmó. También dijo que la Iglesia no es «oposición», a pesar de haberse manifestado en línea con algunas demandas opositoras, y vaticinó que «se viene todo lo que se pueda en contra nuestra, en contra de la Iglesia. Y si ya tocaron a los pastores de la Iglesia, ¿qué se puede esperar contra la población civil?».

El conflicto se inició el 18 de abril por el anuncio de una reforma provisional que no se implementó ante el reclamo de las cámaras empresariales, que se trasladó a sectores universitarios y más tarde a todo el arco opositor, y se transformó en un pedido de renuncia del gobierno de Ortega. «