Crece la violencia letal de las fuerzas de seguridad en un país dirigido con odio: ya hay 59 víctimas en 2024

Bastián Escalante Montoya tenía, apenas, diez años cuando el par de plomos disparados desde la pistola semiautomática Bersa 9 milímetros de Juan Alberto García Tonzo, miembro del Comando de Patrulla de Avellaneda, le agujereó el cuello y la espalda. Bastián, que volvía en bicicleta de jugar al fútbol en Wilde, murió en el quirófano del Hospital Finocchieto porque el policía, vestido de civil y fuera del horario de servicio, se defendió a tiros de un intento de robo. Una costumbre peligrosa que suma cada vez más víctimas.

“Veníamos desde hace varios años en un estancamiento en términos numéricos, pero este último semestre las muertes por balas de las fuerzas de seguridad aumentaron un 20% en AMBA en comparación con el mismo período del año pasado. Es un problema que se consolida, fundamentalmente con policías fuera de servicio y en el conurbano”, explica Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

El organismo cuantificó la actual violencia letal de la policía: 59 personas fueron asesinadas por miembros de alguna fuerza de seguridad solo en los primeros seis meses de 2024 (contra las 49 víctimas entre enero y junio de 2023). Si la tendencia se mantiene hasta fin de año alcanzará las cifras más altas desde 2016.

Fuerzas que no están bien preparadas

“Hay una necesidad urgente de atender a la problemática del uso de la fuerza fuera de servicio porque es cuando los policías actúan sin capacidad de planificar la escena; muchas veces son o se presentan como víctimas de un robo, pero no piden apoyo, sino que intervienen solos, y por lo general hacen un uso extremo de la fuerza. Ellos mismos se someten a riesgos porque son los escenarios donde también más policías mueren”, destaca Darraidou.

El número alto de intervenciones policiales letales puede significar que las fuerzas de seguridad no están bien preparadas. Desde el organismo se exige, por ejemplo, mejorar los sistemas de entrenamiento y capacitación y revisar las normativas de tenencia y portación de armas. Sobre este último reclamo hay un dato que estremece: entre enero y junio del 2024, el 80% de las muertes de víctimas civiles ocurrieron en hechos de violencia a manos de agentes que se encontraban fuera de servicio.

“La mejor policía –continúa Darraidou– es la que puede intervenir en un hecho conflictivo con la menor violencia posible. Este es un punto relevante porque, insisto, en estas respuestas violentas los policías se someten a más riesgo, a ser ellos mismos los impactados por esas violencias, muchos mueren en esos escenarios”.

Narrativa violenta

Como ya se dijo, las muertes provocadas por funcionarios policiales crecieron en 2024 un 20% en comparación con el mismo período del año pasado. Si bien históricamente, salvo algunas excepciones, la Policía Bonaerense concentró la mayor cantidad de hechos de violencia letal, en este caso sobresale la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de seis a 16 casos, lo que explica el aumento en la estadística. Una primera medida básica sería que las autoridades eviten los mensajes que promueven el uso ilegal de las armas de fuego por parte de la policía. Sin embargo, son días en que la violencia institucional es tolerada o hasta fomentada por las autoridades y por una parte importante de la sociedad.

“Nuestra tradición –reflexiona Darraidou– es que el uso de la violencia extrema debe ser el último recurso de la fuerza policial. Hoy circula, sin embargo, entre las autoridades una narrativa que promueve el uso de la fuerza letal. Las autoridades no consideran al uso de la fuerza policial como un problema relevante, lo que explica la ausencia de políticas de prevención; es decir, no forma parte del debate público. Estamos en un contexto con claras normativas que fomentan el uso de la fuerza”.

La sanción del protocolo de uso de armas de fuego para fuerzas de seguridad federales que había sido derogado por la ministra de Seguridad de la anterior gestión, Sabina Frederic, y el proyecto de ley de reforma del Código Penal que, entre otros cambios, amplía el uso de las armas de fuego, son para la especialista del CELS ejemplos de “las políticas públicas en función de incrementar los niveles de respuesta violenta por parte del Estado”.

“Los mensajes más punitivistas –concluye Darraidou– permean en una parte de la sociedad como una idea de solución mágica. Estamos en un contexto en que las personas están bajando sus umbrales de tolerancia, y que encuentran cierta receptividad al odio, en identificar al otro como peligroso. Es algo que las políticas públicas de los últimos años vienen repitiendo, aunque esté claro que no funciona”.  «