Crecen los casos de violencia institucional contra niños y adolescentes

Diferentes organizaciones, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel junto a Nora Cortiñas realizaron una presentación ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño donde consignan que existe un gran incremento en crímenes a chicos y adolescentes a lo largo de todo el país.

“Estamos frente a un brutal despliegue de la represión estatal que ha desembocado en múltiples casos de asesinatos de niñas, niños y adolescentes en manos de las fuerzas locales, provinciales y nacionales. Estas situaciones, popularmente conocidas como casos de “gatillo fácil”, que vienen sucediendo sistemáticamente, por un lado, involucran también, el aval del Ejecutivo Nacional y las complicidades de diversos actores del Poder Judicial que no avanzan suficientemente en la investigación de estas ejecuciones sumarias”, dice la denuncia colectiva.

“Por el otro, la acción de los medios de comunicación hegemónicos que despliegan una estrategia de justificación y naturalización de este tipo de proceder institucional que los legitima e instala pisos de tolerancia social para los siguientes hechos que se produzcan”, continúa.

La denuncia hace foco en el crimen de Facundo Ferreira ocurrido en la madrugada del jueves 8 de marzo, cuando el niño viajaba como acompañante en la moto de un amigo. La policía los persiguió e inició una balacera que terminó con la muerte del niño. La causa no avanza y están a la espera de que los efectivos (que siguen en función) declaren como imputados.

«El de Facundo se presenta como caso testigo del recrudecimiento de la violencia policial en nuestro país, de cómo se llevan adelante ejecuciones extrajudiciales en la Argentina; lo que da cuenta de un uso ilegal y abusivo de la fuerza», expresó la abogada de Andhes, Florencia Vallino. 

“La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tal como ya lo hizo frente a otros casos que involucraron el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y policiales, realizó declaraciones que avalaron las ejecuciones. Esta estrategia de impunidad y tergiversación, no sólo ha sido moneda corriente cuando las víctimas son personas mayores de edad sino también cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”, asevera la denuncia.

Y finaliza:”Esta manera de intervenir de las fuerzas de seguridad se encuentra por fuera de los lineamientos elementales que definen el estado de derecho y la seguridad democrática: proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza, que para el caso de los niñas y niños incluye además evitar el uso de armas de fuego”.

El reclamo concreto de las organizaciones sociales y partidos políticos es por el significativo incremento de hechos de esta naturaleza. A lo cual se suma la precariedad institucional que aqueja a todo el país, teniendo en cuenta que los policías que protagonizaron tan aberrante hecho: excedieron los límites impuestos por la ley y violaron el protocolo de procedimiento de la fuerza a la que pertenecen.