Crisis en alquileres y amenazas de desalojo: «Hay un gran desconcierto entre los inquilinos»

Imposibilidad de pagar el alquiler, amenazas de desalojos, incertidumbre ante la renovación. La emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus tiene como daño colateral empeorar la ya delicada situación de los inquilinos.

A fines de este marzo, solo en Ciudad de Buenos Aires, vencen unos 20 mil contratos de alquiler. Inquilinos denuncian que los propietarios les piden un 100% de aumento para la renovación o $ 1.000 por día excedente, en caso de que no puedan renovar.

“Hay un gran desconcierto porque se vencen muchos contratos, porque no hay señales claras del Gobierno sobre qué hacer con este tema y, por supuesto, por la situación económica. Hay muchísima gente que nos plantea que no sabe cómo va a hacer para pagar el alquiler”, resumió a Tiempo Gervasio Muñóz, presidente de la ONG Inquilinos Agrupados.

“Hay muchas denuncias por desalojo. Gente que no tuvo ingresos este mes, a la que le dieron 48 horas o hasta el primero de abril, para pagar o irse. Hay amenazas de desalojo tanto de vivienda como de comercios”, relató Muñóz.

Los ingresos se vieron resentidos desde que comenzó la cuarentena. Muchos trabajadores fueron suspendidos o echados; otros, como los monotributistas o los informales, no pudieron trabajar y por ende tampoco facturar; algo similar ocurrió con muchos comerciantes. En ese marco, pagar el alquiler, ya sea de vivienda o de comercio, se vuelve inviable.

“Hay una ausencia del Estado, que se encuentra enfocado en la emergencia sanitaria y la crisis económica. Este tema no se resuelve solo y por eso pedimos la suspensión de los desalojos y del pago del alquiler. Hemos enviado las propuestas al Gobierno y estamos a la espera de una respuesta. En el fin de semana, estuvo cerca de salir un decreto al respecto, pero al final lo sacaron. El tema también es que (María Eugenia) Bielsa (ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat) no está a cargo de la situación, sino directamente el Ejecutivo”, contó el especialista.

Inquilinos Agrupados plantea la suspensión total de los desalojos; la suspensión de los pagos, mientras dure la emergencia sanitaria, y que luego se retomen con esos meses prorrateados en 12 cuotas; la renovación automática del contrato, al mismo valor, por seis meses; y la creación de un Comité de Emergencia de Acceso a la Vivienda, para tratar el tema específicamente.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar –que suele tener posiciones contrarias a la agrupación que conduce Muñóz-, coincidió en que se debe articular una prórroga. “Si continúa la cuarentena, hay que pensar en una prórroga o extensión del contrato aunque por el aislamiento no podríamos firmar eso. Hay que ver qué mecanismo buscamos”, dijo al diario La Nación. “Hay que ir a una digitalización total, incluso del pago, porque en los billetes se puede traspasar el virus. Hay que repensar hacia futuro cómo queda el tema del dinero”, agregó.

Congreso de emergencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rozó el tema en declaraciones televisivas: “Con el Presidente, hablamos que probablemente en los próximos días sea necesario convocar al Congreso para darles al Gobierno y a la Argentina instrumentos para poder gobernar. Hay temas como alquileres, despidos, impuestos, que inexorablemente requieren de leyes para que se puedan solucionar. Tenemos que sesionar, pero con todas las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias”, enfatizó.

Sobre las declaraciones de Massa, Muñóz advirtió: “Entiendo que evalúan la suspensión del desalojo, pero no del pago del alquiler. Esto llevaría a una ruptura en la relación entre el propietario y el inquilino porque el propietario reclamaría el pago y no se lo darían porque no se podría desalojar. Por eso, nosotros planteamos que se suspendan los pagos y después se prorrateen”.

“Queda de manifiesto que es muy necesaria la Ley de Alquileres porque la vivienda no puede quedar exclusivamente en manos del mercado. Es importante saber si alguien del Gobierno va a recibirnos o a canalizar esta demanda. Si el gobierno quiere evitar una crisis habitacional, tendrá que intervenir el mercado”, concluyó Muñóz.

En todo el país, hay nueve millones de inquilinos, solo de viviendas.