Crisis en la justicia porteña por la falta de jueces

Noviembre se insinúa como un mes crucial para el futuro del funcionamiento de la Justicia penal de instrucción de la Capital Federal. El fuero, en el que tramitan las causas por robos y homicidios comunes, abusos sexuales, estafas y otros delitos de esa naturaleza, atraviesa desde hace meses una situación de virtual abandono a la buena de Dios. De los 49 juzgados existentes, 19 están vacantes. Los concursos en el Consejo de la Magistratura vienen demorados, en algunos casos por más de tres años, y la diáspora amenaza con aumentar por dos vertientes distintas.

Una tiene que ver con un determinismo casi darwiniano: de los 30 jueces actuales, una decena están ya en condiciones o próximos a estarlo de acogerse a la jubilación especial como magistrados. La otra es más cercana en el tiempo: en noviembre vencerán las prórrogas de las subrogancias que llevan, en algunos casos, más de diez años. Se trata de secretarios que funcionan como jueces pese a que no lo son porque no atravesaron el proceso establecido en la Constitución Nacional. La propia Corte Suprema dijo que no son jueces, pese a lo cual les prorrogó en al menos dos oportunidades que sigan funcionando –irregularmente, por cierto-, como tales.

En noviembre vencerán las subrogancias de cinco secretarios que se desempeñan en los hechos como jueces: Gustavo Pierretti, Rodolfo Cresseri, Elisabeth Paisan, María Rita Acosta y Marcelo Conlazo Zavalía. En teoría, los cinco deberían cesar en sus funciones antes de fin de año, con lo cual el fuero tendría no ya 19 sino 24 juzgados vacantes, de un total de 49. La mitad de los juzgados estarán sin un juez con dedicación exclusiva.
En los próximos meses o años estarán en condiciones de dejar el Poder Judicial otros diez magistrados actuales: Guillermo Carvajal, Omar Peralta, Mónica Berdión de Crudo, Luis Zelaya, Ricardo Farías, Roberto Ponce, Fabiana Palmaghini, Alberto Baños, Susana Castañera, Silvia Ramond, Wilma López, Eduardo Daffis Niklison, María Dolores Fontbona de Pombo y Alicia Iermini. Con que se acojan a los beneficios previsionales la mitad de ellos, el fuero quedará virtualmente vacío.

En la Cámara del Crimen, que revisa los fallos de esos juzgados de instrucción, hay en la actualidad tres vacantes sobre 15 cargos más un presidente. En los próximos meses habrá una vacante más, y a lo largo de 2017, probablemente otros dos. El tribunal realiza diariamente audiencias orales para evaluar los recursos de apelación de los fallos de primera instancia. Por reglamento, las salas tienen que estar integradas por tres jueces. Ya hoy es difícil que ello se cumpla.

La Corte urgió al Consejo de la Magistratura para que acelere los concursos. Pero ese cuerpo tiene una virtual mayoría que responde al oficialismo, al gobierno de Cambiemos. En el Ministerio de Justicia existe un proyecto para traspasar toda la justicia penal de instrucción a la Capital Federal. Los jueces se oponen; pero cuantos menos sean, menor será esa oposición y pataleo contra el traspaso.