Se refirió al intento de magnicidio que sufrió hace tres semanas. Aseguró que frente al vínculo entre los abogados que asesoraban a senadores del PRO, la vicepresidenta se siente "en un estado de indefensión".

Recordó que el día que el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años en su contra, algunos canales de televisión mostraban la puerta de su casa. “Es la única puerta que se conoce en la Argentina, la de Juncal y Uruguay, ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro”, analizó, por parte de la llamada “banda de los copitos” integrada por los detenidos por el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa el 1° de septiembre, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Y recordó que los abogados de Carrizo, sindicado como jefe de la banda de los copitos, son asesores de legisladores del PRO.
Según reveló Infobae, Gastón Marano, letrado de Carrizo, fue asesor de la Bicameral de Inteligencia del Congreso por recomendación del senador del PRO Ignacio Torres. Comparte la defensa con Brenda Salva, abogada que asistía en Diputados a Karina Bachey, también del PRO.
“Es alguien que se sienta a 20 o 30 metros míos, en el Senado, y su asesor defiende a quien me quiso matar. Y la asesora de otra diputada también defiende a ese. Yo me siento en un estado de indefensión. ¿Usted cómo se sentiría, doctor Gorini?”, preguntó al presidente del tribunal que este viernes condujo la audiencia.
En ese contexto, la Vicepresidenta dijo que se siente indefensa. Aseguró, por ejemplo, que su despacho de la Cámara de Senadores fue apedreado durante 40 minutos sin que interviniera ninguna fuerza policial “local o nacional”. La causa sobre este episodio quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, los mismos funcionarios que investigan el atentado en su contra.
También apuntó contra la Justicia porteña porque no hubo avances en la causa que intenta determinar quién ordenó realizar una pegatina de afiches con su cara y la frase asesina: “El juez tuvo la causa 5 meses y sistemáticamente se negó a los pedidos del fiscal para indagar a quienes habían sido individualizados que podían tener responsabilidad en encargar los afiches y haberlos pegados.
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