Mientras que los privados lamentaron la incapacidad política para concretar reformas, los libertarios les endilgaron displicencia y falta de iniciativa. Exhibieron posiciones a tono con los tiempos que corren, de desconfianza mutua.
El balance del evento, que reunió a más de 1000 dirigentes de empresas, políticos y analistas de todo el país en Mar del Plata, dice que las partes tienen más coincidencias que discrepancias, pero los roces dejaron tela para cortar, a una semana de las elecciones de medio término.
Desde el inicio del evento estuvo claro que las empresas bajaron cuatro cambios en relación con el entusiasmo que les generaba el proyecto oficialista un año atrás. En la edición 2024, la primera con Javier Milei en la Presidencia, el lema “Si no es ahora ¿cuándo?” desbordaba en optimismo por la llegada de la motosierra y su utopía de desregulación total.
Este año, con un tendal de 16 mil empresas cerradas y 240 mil empleos caídos, el entusiasmo mutó en pedido casi desesperado para que el gobierno tome nota de la situación de los negocios y defina una hoja de ruta y un horizonte de corto, mediano y largo plazo para salir a competir.
“Tenemos que jugar en el mundo, que está desafiante, liderado por China; con occidente, liderado por Estados Unidos”, planteó en la apertura Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, que pidió celeridad para llegar a las reformas que las empresas reclaman con el eufemismo de “reglas claras” para competir en los mercados.
En 2025 las señales del gobierno fueron siempre en el sentido contrario. Sin interés ni capacidad para lograr acuerdos parlamentarios, fracasó en forma sostenida en el Congreso. El ajuste congeló la actividad y asfixió a la población, que trasladó su malestar a las urnas de varias provincias. El combo incluye la acumulación de casos de corrupción que ensuciaron a funcionarios y al propio presidente Milei y se completa con el pedido de ayuda financiera al gobierno de los Estados Unidos, que divide la opinión pública y preocupa a las empresas por las limitaciones que le impone al comercio con China.
Con todo, el gobierno de Milei llega a las elecciones a los tumbos y el empresariado teme que la gran oportunidad de concretar las reformas estructurales se diluya junto con el desprestigio del Ejecutivo.
El gobierno captó el debilitamiento de la confianza y aprovechó el evento para renovar sus votos con la dirigencia privada. Al cabo de tres días lo consiguió, pero en el camino recibió golpes y no pudo evitar reproches.
El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió sin vueltas por ese apoyo y con la promesa de las reformas laboral y tributaria como moneda de cambio.
Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, expresó en el evento que el gobierno quiere someter a discusión todos los aspectos de la legislación laboral vigente.
El secretario consignó que uno de los objetivos será cambiar el enfoque jurídico de los convenios colectivos de trabajo con la mira en la preservación de la solidez económica de las empresas; también adelantó el interés en un nuevo perfil de incremento salarial por productividad, en función de la eficiencia individual de cada trabajador, entre otras iniciativas.
Sobre la reforma tributaria, Caputo adelantó a las empresas que procurará eliminar y reducir impuestos dentro de un concepto de “simplificación del régimen tributario” actual.
El jefe de Hacienda agregó un incentivo adicional para consolidar el apoyo de las corporaciones: la posibilidad de potenciar el mercado de capitales para fondear el desarrollo del sector privado de mediano y largo plazo a tasas de interés razonables, como “una pata fundamental para lograr mayor competitividad”, a tono con su definición en el Coloquio: “La competitividad consiste en continuar con lo que estamos haciendo: desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, reforma tributaria y que empiece a haber mucho más financiamiento de largo plazo a tasas razonables”.
El pico de tensión tuvo como protagonista al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que retó a los empresarios porque no eliminaron las indemnizaciones para adoptar el llamado sistema de cese laboral.
“El año pasado les pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema, pero nadie hizo nada”, disparó el referente del oficialismo ante el auditorio más acostumbrado a dar los tirones de oreja que a recibirlos.
En el cierre del evento, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, dejó la visión urgente que anima a la patronal local: “No podemos tener una economía que tiembla cada dos años producto de un proceso electoral y por la irresponsabilidad de sus actores” y remarcó que “ya no hay espacio para seguir dilatando las soluciones”.
La cuestión del rol del Estado estuvo presente en los tres días del evento que se organizó en el Sheraton de Mar del Plata con una visión crítica de la reducción a ultranza que propone el gobierno nacional a través de la simbología de la motosierra.
Lejos de las risas que provocaban las arengas presidenciales contra el sector público, los hombres de negocios que participaron de la edición 2025 expresaron los inconvenientes que surgieron, por ejemplo, por la falta de inversión en obras de infraestructura, que impacta en los números de las compañías por el encarecimiento de los costos logísticos.
También hubo quejas por la ausencia de políticas para controlar el problema del contrabando. La industria en general está en pie de guerra por este tema, que afecta particularmente a las fábricas de productos electrónicos. Las acusaciones de descontrol le cayeron al gobierno y a ARCA en particular. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en el centro del objetivo y trascendió un reclamo directo en un encuentro privado con dirigentes industriales.
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