Cuando el Estado promueve la violencia

San Miguel del Monte, madrugada del 20 de mayo, un auto chocó violentamente contra el acoplado de un camión estacionado. El impacto fue brutal: el coche se partió en dos. Gonzalo Domínguez, de 14 años; Camila López; Danilo Sansone y el conductor del vehículo Aníbal Suárez, de 24 años, fallecieron. Rocío Guagliarello, de 13 años, permanece en estado crítico en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce-Néstor Kirchner, de Florencio Varela.

La versión policial sostuvo que los efectivos respondieron a un llamado del 911 que identificaba a este auto “vinculado con un supuesto acto delictivo”. No fue así. En las cámaras de seguridad del municipio se observa claramente como un oficial saca su cuerpo por la ventanilla y dispara al auto.

Con el correr de las horas y los días, versiones de los vecinos y familiares, además de videos “caseros” contrarrestaron el relato policial. Se escucharon disparos, se recolectaron vainas, y según informó el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, “uno de los cuerpos tiene un orificio de ingreso de un proyectil calibre 9 milímetros y esa bala se corresponde con el arma de uno de los efectivos que estaba dentro del móvil …”

Si bien se ha informado de varias detenciones: ocho policías, el secretario de Seguridad del municipio local, además del teniente primero Héctor Enrique Ángel, indicado por los vecinos, como el “transa y el coimero”, es necesario comprender estas escenas en los mensajes que anteceden de las autoridades políticas, que no hacen más que habilitar escenarios de muerte.

Cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich dio a conocer el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad” aprobado el año pasado; dijimos que se buscaba convalidar prácticas policiales contrarias a los estándares y normativas -como el disparo intimidatorio o el uso de la fuerza letal contra una persona que huye-, y que constituía un peligroso efecto sobre el accionar judicial para que no investiguen los casos de gatillo fácil.

Estos hechos reponen sobre otro asunto no menor: la importancia de la participación ciudadana en los temas de seguridad. El autogobierno policial sólo puede ser contrarrestado con políticas permanentes de control político y ciudadano.

Un informe del Observatorio de Seguridad del Instituto Gino Germani (UBA) muestra que el 41% de los jóvenes dijo haber sufrido hechos de violencia o abuso policial en el último año. Las infancias y las adolescencias se encuentran amenazadas y en peligro. No son peligrosas. Sus derechos están siendo vulnerados al punto de peligrar su existencia misma. Mientras tanto, nos proponen debatir la baja de edad de imputabilidad.

El retroceso en materia de seguridad democrática, después de tres años de gobierno, es inconmensurable. Vidas perdidas, e injusticias irreparables. Aunque no alcance, seguiremos apostando por políticas de seguridad, con fuerzas policiales respetuosas de los Derechos Humanos, que actúen conforme a la ley, al uso racional y progresivo de su fuerza, y con un control político y ciudadano.«