Qué cambian y cuánto cuestan las tres leyes nacionales que Milei se niega a implementar

Hasta que el Congreso determine las “fuentes de financiamiento”. Con ese argumento, el gobierno de Javier Milei dejó en el freezer tres leyes votadas no sólo una vez, sino también refrendadas por los dos tercios de cada cámara luego de sus respectivos vetos. Ellas son la Ley de Financiamiento Universitario, la de Emergencia Pediátrica y la de Emergencia Nacional en Discapacidad. Una versión del “no hay plata” con lenguaje formal.

El planteo, además, recoge una contradicción difícil de explicar: el gobierno pide la explicitación de financiamiento al Congreso (algo inédito) sin tener aprobada una sola ley de Presupuesto desde su asunción. Es decir, valen los gastos y los ingresos que decide el gobierno y nada más.

Una revisión sobre cada una de las leyes permite ver cuánto cambiaría su aplicación para las personas implicadas, por un lado, y cuál sería el costo para el Estado argentino, por otro.

Universidad

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario establece la actualización de los gastos de funcionamiento universitario sobre la base del IPC desde mayo de 2024 y de los salarios al nivel de noviembre de 2023, además de una convocatoria a la paritaria nacional perdida.

“La ley reconoce que se nos adeuda a la fecha un 43 por ciento. Se nos debe de salario a los trabajadores docentes y no docentes un 40,25 por ciento al mes de julio, a partir del cual la propia ley dice que tiene que haber al menos una indexación trimestral del salario. Esto es un cambio radical en la masa del presupuesto universitario que ha sido reducido por el gobierno para el año 2026 en su propuesta a 4,8 billones de pesos, cuando las patronales universitarias nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional pedían más de 7 billones”, indica a Tiempo Antonio Roselló, economista y miembro de la mesa directiva de Conadu Histórica. También plantea que la ley puntualiza la necesidad de cumplir con las becas estudiantiles.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC),  el impacto fiscal de la ley para 2025 es de $ 1,95 billones, equivalentes a 0,23% del PBI. Para tener un parámetro, es una cifra similar a los 1156 millones de dólares (cotización $ 1500) que el Banco Central vendió desde el 15 de septiembre a la fecha para que no suba la cotización por encima del techo de la banda. Si se suma el monto puesto por el Tesoro Nacional con el mismo fin y en el mismo lapso (U$S 2107 millones), la cifra total es el equivalente a tres leyes de este tipo o más.

Emergencia en discapacidad

Por su parte, la legislación que declara la “Emergencia Nacional en Discapacidad” establece la disposición del “financiamiento adecuado” para “las Pensiones no Contributivas por Discapacidad para Protección Social”, “fortalecer a los prestadores”, “implementar en forma expeditiva la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral” y para asegurar el “funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)”.

Rocío Librandi, activista y militante de la Organización Prestadores Precarizados de Salud y Educación, indica a Tiempo que la ley es “una puerta de entrada”, con sus límites. Según ella, no contempla las pensiones no contributivas ya dadas de baja y tiene un cupo laboral limitado (4%). Pero la nueva legislación implicaría un avance.

La OPC estimó un impacto fiscal de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) a $ 4,3 billones (0,51% del PBI).

Ley de Emergencia Pediátrica

Pino Oroz, delegado de la Comisión Interna de ATE del Hospital Garrahan, le dice a Tiempo que los tres principales ejes de la Ley de Emergencia Pediátrica (también conocida como Ley Garrahan) son el incremento presupuestario para los hospitales pediátricos, la actualización salarial a niveles de noviembre del 2023 (70% de aumento aproximadamente) y la anulación del impuesto a las Ganancias para los salarios, y la marcha atrás con la conversión de las residencias en becas, algo que quita derechos a los trabajadores más jóvenes en materia de asignaciones y bonos.

La OPC calculó un costo de $ 133.433 millones en términos anuales. Esto sería el 6% de la Ley de Financiamiento Universitario y podría costar el 0,014% del PBI. Significa, para tener a mano una comparación, cerca del 35% de lo que la empresa Mercadopago aumentó sus ganancias por las exenciones impositivas de los últimos 3 años.

Todas juntas

El impacto de la aplicación simultánea de las tres normas sería del 0,75% del PBI en un año. Implicaría una erogación cercana a los $ 6,4 billones. Mientras, entre el BCRA, el Tesoro y el gobierno norteamericano vendieron unos U$S 5060 millones (equivalentes a casi 7,6 billones de pesos) el último mes para evitar que el valor del dólar supere el techo de la banda. En 30 días, un año de las tres leyes juntas.

Detrás de los números hay prioridades. Es eso que llaman política.