Cuatro de cada diez inquilinos destina casi la mitad de sus ingresos al pago del alquiler

En medio del debate por modificaciones a la Ley de Alquileres, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) elaboró una encuesta en la cual destaca que 8 de cada 10 inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires destinan más del 20% de sus ingresos al alquiler y que 4 de cada 10 destinan más del 40%.

Asimismo, la encuesta refleja que más de la mitad de las y los inquilinos no está satisfecho con la vivienda que alquila; principalmente, por la falta de ambientes y los espacios reducidos.

El argumento principal que llega desde la oposición, desde los grandes medios de comunicación, desde los principales actores del mercado inmobiliario y desde ciertos sectores del oficialismo en contra de la Ley de Alquileres es que generó un alza de precios y disminución en la oferta.

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Matías Barroetaveña, elaboró -con datos oficiales de la Ciudad- un informe en el cual desmiente esta teoría y asegura que la oferta “viene cayendo desde hace 7 años”.

El informe destaca que en el primer año de vigencia de la Ley (2021) “el índice de actualización de alquileres fue del 52,2%, contra una variación salarial del 53,4% y una inflación del 50,9%”. Esto “muestra la razonabilidad del índice, tanto para locadores como para inquilinos (con trabajo registrado)”.

Barroetaveña explicó a Tiempo: “En la Ciudad de Buenos Aires, la población inquilina aumentó un 20% en la última década, y duplica los valores de cualquier otra ciudad del país: mientras que el promedio nacional es del 18% de los hogares, la ciudad ostenta un récord de 35%. A esto hay que agregar que se da en un contexto donde se duplica el déficit habitacional, mientras desde el gobierno local se incentiva la venta de tierra pública para la construcción de vivienda Premium, que queda vacía para especulación”.

“Por eso, nos parecen interesantes  las  propuestas de los proyectos de Ley presentados en el Congreso por la diputada Gisela Marziota y el diputado José Luis Gioja, como la creación de una cámara nacional de alquileres que fije los precios máximos para un nuevo contrato con validez en el todo el territorio nacional y que establezca el índice de ajuste anual de los contratos; un régimen de beneficios tributarios para los locadores que cumplan con el registro del contrato en AFIP; y por último, la creación de impuestos locales a las viviendas ociosas”, detalló.

Desde la Legislatura Ciudad, “venimos insistiendo  en un Estado que desarrolle políticas que permitan el acceso a la vivienda a la clase media y a los sectores populares, ya sea expandiendo el stock de viviendas en alquiler o propiciando una política sostenida de acceso a la vivienda utilizando las tierras públicas y la rica experiencia cooperativa existente”, completó el legislador del FdT.

En el mismo sentido, Barroetaveña apuntó: “No se puede seguir culpando a la actual Ley de Alquileres de problemas que llevan décadas en la Argentina como la dolarización y que tampoco se van a resolver derogando la Ley y retrotrayendo la realidad a 2019. Es obvio que la pandemia, las mega devaluaciones y la inflación impactaron en forma negativa en este sector”.

Finalmente, resumió: “El mercado inmobiliario requiere de una regulación para satisfacer las necesidades de todos los actores y debe priorizar los intereses del eslabón más débil, el inquilino. El derecho a la vivienda es un derecho humano básico reconocido en nuestra constitución”.