El diputado y la ex ministra habían sido acusados por el diario Clarín de manejar millones de dólares fuera del país y sin registro. La investigación no encontró ninguna evidencia.
El magistrado sostuvo que durante la pesquisa «no se advirtió que exista algún tipo de valor, activo y/o bienes radicado y/o registrado en el exterior bajo la titularidad y/o a favor de las personas humanas y entidades y/o sociedades jurídicas acusadas».
En la misma causa y también por falta de pruebas, se dispuso el sobreseimiento de ex diputado del Frente para la Victoria de Santa Cruz Henry Olaf Aaset y María Paula Abal Medina, hija de la ex funcionaria.
Mussa se basó en artículos periodísticos, publicados en la Argentina y en Brasil, señalando que el legislador y la ex ministra tendrían el control de cuentas en bancos de los Estados Unidos y de las Islas Cayman, por un total de alrededor de 61.000.000 de dólares. Las cuentas corresponderían a los bancos Felton (en Delaware, Estados Unidos) y el Morval Bank Trust Lmited de las Islas Cayman.
A Garré, también ex embajadora en Venezuela, se le atribuía, además, ser la cotitular de cuentas con sumas multimillonarias en el banco Tejarat, en Teherán, Irán, a nombre de la empresa Consulting Engineers Company.
La ex funcionaria negó poseer cuentas «secretas» en el exterior y dijo que sólo tenía las cuentas oficiales, correspondientes a su cargo, en el banco HSBC de Washington.
Luego de que el fiscal federal Federico Delgado impulsara la investigación en orden a los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Martínez De Giorgi dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes al exterior y la declaración testimonial del periodista Daniel Santoro, autor de una de las notas en el diario Clarín, que llevó este tema al título principal de la portada en su momento.
Los informes desde los Estados Unidos fueron negativos, en tanto que, según constancias de la causa, «las autoridades de Irán» concluyeron que «no era viable brindar el auxilio solicitado» y devolvieron el pedido de asistencia legal para completar que había muchas compañías con el nombre requerido.
Tampoco hubo pruebas a nivel local y las preguntas que el magistrado cursó sobre manejos ilegales de fondos fueron contestadas con un «no».
La falta de pruebas incriminatorias «amerita adoptar un temperamento desvinculante de manera definitiva con relación a Nilda Celia Garré, Máximo Carlos Kirchner, Henry Olaf Aaset y María Paula Abal Medina», afirmó el magistrado.
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