Cuestionan al Indec por medición del IPC

Según señaló el centro de estudios que coordina Santiago Fraschina, existen «distorsiones» provocadas por los tarifazos del último año.

El Indec observa mes a mes unos 8400 precios de bienes y servicios. Cada precio tiene un peso dentro del total. Así, por caso, el consumo eléctrico tiene un peso (o ponderación, en la jerga estadística) del 0,35% del total. Es decir, si un hogar abona $ 100 de electricidad por mes, quiere decir que esa canasta total vale $ 28.571,43. Si el valor de la factura mensual eléctrica fuese de $ 300, la canasta debería valer $ 85.714,29. Estos valores son, a todas luces, muy superiores que el valor de la canasta del Indec.

Lo mismo sucede con el gas y otros servicios, aunque también con los medicamentos, los cigarrillos y los alimentos. Por caso, la yerba mate tiene una ponderación del 0,31% en el gasto mensual de los hogares. Este producto ha estado sujeto a subas de precios pronunciadas en los últimos meses, lo que ha impactado en su peso en la canasta. Así, el consumo familiar de 2 kilos de yerba implica un ingreso de $ 44.064 por mes.
Este mismo fenómeno se observa en el caso de los alquileres. Según el Indec, una familia gasta en ello el 3,64% de sus ingresos. El desfasaje es enorme: un alquiler de 6000 pesos (Reporte Inmobiliario consignó que el valor promedio de un alquiler de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires fue de $ 6800) implicaría ingresos por 164.835,16 pesos.

La suba de algunos precios respecto de otros, en particular los de tarifas y algunos servicios, hace que su peso dentro de la canasta sea mayor al que le da el Indec en la actualidad. Pero no es solo un problema entre estos precios dentro de la canasta. Como la inflación sigue en niveles relativamente altos y ningún precio bajó, no habría compensación dentro de la canasta (unos suben y otros bajan), con lo que el valor del conjunto de la canasta debería subir. Un alza semejante impulsaría aun más la demanda de alza salarial en un momento en que el gobierno nacional aspira a lo contrario: ponerles un límite a los reclamos salariales de los sindicatos en el marco de las discusiones paritarias. «