Cumplió 10 años el Sistema de Seguimiento y Controles de las Condiciones Carcelarias

El Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias cumplió 10 años de trabajo sostenido en el tiempo, con lo que han generado valor. Se trata de un espacio interinstitucional y plural, conformado por jueces, juezas y distintos funcionarios de diversas jurisdicciones territoriales. También participan organismos que velan por los derechos de las personas privadas de libertad; estos mecanismos son consultados todo el tiempo por la práctica y la experiencia que tienen en el contexto de encierro a través de la tarea que realizan.

“El sistema se creó hace diez años cuando tuvimos una reunión que fue convocada por el juez federal de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos”, reconstruyó Sergio Paduzack, juez del Tribunal Oral Criminal TOC N°22 de CABA, en entrevista con Tiempo. Continúo recordando que en ese momento también invitó “a distintos organismos y magistrados que con largas trayectorias venimos trabajando en ejecución de la pena y el control carcelario. A partir de esa voluntad, ese mismo día nació la idea de crear un organismo donde se pueda intervenir en forma horizontal, donde todos opinen y aporten algo”.

“Fue conformado por la Defensoría General de la Nación -a través de su comisión de cárceles- y otras delegaciones de violencia institucional, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN); la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, recordó el juez federal. Señaló que fueron llamados a participar “los jueces Martín Vázquez Acuña, Cristina Deluca; también algunos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, como ser, Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y el propio Hornos -en esa ocasión- decidió ser el representante y ejercer la presidencia del organismo”.

“A partir de ahí empezamos a iniciar una serie de monitoreos ingresando a las distintas cárceles donde se encontraban detenidos federales”, recordó Paduzack. Aseguró que recorrieron “penales provinciales, por ejemplo, en Córdoba, Mendoza, Misiones y otros puntos en todo el país. También ingresamos a los destacamentos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA) en Salta, Jujuy donde había detenidos de esta órbita”.

“Después este ámbito del Sistema se amplió y decidió integrar a otros organismos que tienen reconocida y larga trayectoria en cárceles”, dijo el juez federal. Siguió relatando que desde ese momento empezó “a intervenir el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la ONG Asociación Pensamiento Penal (APP), el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)”.

“Nuestro trabajo no es solamente realizar una inspección, además hacemos un in informe en el cual abordamos todos los aspectos de cómo es la vida en un penal, es decir, condiciones edilicias, sobrepoblación, salud, alimentación y sobre cómo los tratan”, detalló Paduzack a este diario. Apuntó que luego elaboran “un amplio documento con fotografías que luego se eleva, no solamente al director de la Unidad Penal sino también al máximo organismos de Servicio Penitenciario Federal (SPF) y al organismo político de control correspondiente, en este caso el Ministerio de Justicia de la Nación”.

“También hemos participado en investigaciones sobre determinados temas, en virtud de todos los controles realizados a través de seguimientos y de todas las inspecciones que a su vez hacen los demás organismos”, remarcó el juez federal. Continuó subrayando que hicieron recomendaciones “sobre las muertes que ocurren en distintas unidades penitenciarias, sobre el régimen disciplinario, los habeas corpus, cuestiones de género, de menores de edad y de sanidad”.

“Por suerte, esas distintas recomendaciones después fueron tomadas por otros órganos judiciales, de control y fueron utilizadas para dictar fallos; así fueron marcando tendencia en los distintos temas”, valoró Paduzack sobre el trabajo que hacen en forma colectiva y lo sostienen en el tiempo. Realizaron muchas mesas de diálogos,”sobre todo cuando la situación llega a un punto de conflicto que amerita que todos nos sentemos a charlar sobre el tema”.

Cuando hacen un cónclave de estas características “convocamos a las partes pertinentes en el conflicto y proponemos una negociación”, aseveró el juez federal. Siguió recordando que han participado “en el último gran reclamo que hubo en la cárcel de Devotos durante la pandemia, fuimos quienes convocamos al Ministerio de Justicia de la Nación, a jueces, fiscales, defensores y distintos órganos con competencia para encontrar una solución positiva al problema”.

“También brindamos capacitaciones en diferentes temas, fuimos a la provincia de San Juan donde firmamos un convenio con el gobernador Sergio Uñac, a los efectos de capacitar a los distintos órganos que intervienen en contexto de encierro”, celebró el Paduzack. Agregó que durante los últimos años “venimos capacitando a los miembros de los servicios penitenciarios”.

“Quiero recalcar que este Sistema que cumplió 10 años no depende de ningún organigrama, no está bajo la órbita de ninguna cámara, corte, ministerio, secretaría, es decir, es un órgano totalmente externo e independiente”, ahondó el magistrado. Finalizó asegurando que la participación de todos los organismos que participan “es horizontal, nuestros informes fueron recepcionados, utilizado por distintos mecanismos de control en cárceles y en el ámbito judicial”.

Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias

El Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias es un espacio interinstitucional y plural, conformado por jueces y juezas de diversas jurisdicciones territoriales e instancias. Representantes del Ministerio Público Fiscal; fiscales de la Procuración General de la Nación, particularmente la Procuraduría contra la Violencia Institucional; el Ministerio Público de la Defensa mediante sus Comisiones de Cárceles; de Violencia Institucional, de Niños, Niñas, Adolescentes y de Género y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

También, intervienen en carácter de miembros consultivos y como representantes de la sociedad civil y control ciudadano, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  que es una entidad rectora de la matrícula profesional; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (APP) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como organizaciones de reconocida trayectoria en la materia.