El ministro de Justicia señaló que encontró irregularidades y que hará una auditoría. Sólo mencionó un caso, que fue denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos en 2021 y cuyos autores se encuentran procesados.
La medida fue anunciada a través de las redes sociales del Ministerio y fue festejada por los sectores negacionistas, como la vicepresidenta Victoria Villarruel y Cecilia Pando, quien aludió al “curro de los derechos humanos” y a la “locura” de “indemnizar a terroristas y familiares por haber atacado al pueblo argentino”.
“Descubrimos distintos juicios con autos de procesamiento confirmados por la cámara de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, reclamaban y percibieron más de 150.000 dólares”, justificó el ministro en diálogo con LN+ en su recorrida mediática.
El caso que menciona Cúneo Libarona y con el que argumenta la auditoría es el de Adrián Martínez Moreira, acusado como organizador de una asociación ilícita que a través de testimonios falsos y documentación fraguada se dedicó a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias.
Tanto Martínez Moreira como otras cuatro personas, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman, fueron procesadas en junio de 2023 por más de 80 hechos y su procesamiento confirmado en noviembre siguiente por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Lo que evita decir el ministro es que la denuncia fue impulsada por víctimas del terrorismo de Estado y por la propia Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti, que fue querellante en el proceso con el objetivo dar transparencia en una causa que podía ser usada para deslegitimar este proceso de reparación. En la investigación se logró determinar en qué causas participó esta organización y qué delitos cometió.
Como intentan hacer con los juicios por crímenes de lesa humanidad, el ministro pretende sembrar un manto de dudas sobre el proceso de reparación a víctimas del terrorismo de Estado que lleva ya más de 30 años.
Las primeras leyes de reparación fueron aprobadas durante el gobierno de Carlos Menem, a partir de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibía las denuncias de las víctimas luego de que se paralizaran los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Estas apuntaron en un primer momento a presos y presas políticas y quienes estuvieron detenidos ilegalmente durante la dictadura y luego se fueron ampliando a familiares de personas desaparecidas o asesinadas, a quienes nacieron en cautiverio o eran menores de edad cuando fueron detenidos junto a su familia y a quienes debieron sufrir el exilio por la persecución.
Estas normas fueron ratificadas por el sistema judicial argentino y respaldas por organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sostiene que las víctimas tienen derecho a la reparación de las violaciones de los derechos humanos y que esta reparación debe ser tanto material como simbólica e incluir a las víctimas, a sus familias y a las comunidades.
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