Cupo laboral trans: una deuda urgente

¿Cuántas personas trans te atendieron en un café o en una oficina pública? ¿Cuántas te llevaron en un taxi? Las preguntas las hace, Claudina Rukone, activista trans integrante de la agrupación LOTO (Libertad y Orgullo Trans Organizadx), y con ellas invita a romper con la indiferencia y complicidad respecto a la realidad de la comunidad en nuestro país: solo el 18% de las personas travestis y trans tuvieron acceso a trabajos formales, y el 95% están o estuvieron en situación de prostitución. “Si no estamos en la visual del resto de la sociedad, es porque estamos en los márgenes, ocultas”, plantea Claudina.

El 27 de febrero de este año la Corte Suprema de Justicia de Tucumán aprobó el cupo laboral trans dentro del Poder Judicial de esa provincia. La Acordada contempla que el 1% de los cargos del poder judicial esté destinado a personas trans. “Fue una sorpresa y gran alegría, porque el proyecto fue abandonado en el 2018 cuando fue presentado y no nos dieron ningún tipo de esperanza. Es un avance importantísimo para esta provincia, que está dirigida por la Iglesia y personas con una mentalidad retrógrada y arcaica”, dice Claudina a Tiempo. Ella forma parte del Frente por el cupo laboral Trans, impulsado por la organización a la que pertenece junto a gremios, movimientos y asociaciones.

 “Las mujeres trans somos las que peor la pasamos. A nosotras se nos expulsa de la casa a los 12 años cuando empezamos a manifestar nuestra esencia”, cuenta Claudina. El cupo laboral trans plantea la responsabilidad y obligatoriedad del Estado en garantizar opciones de vida a una comunidad históricamente relegada, para quienes la expectativa de vida ronda en los 35 años. “La calle es el único espacio que nos contiene. No podemos seguir viendo a compañeras muriendo por hambre, por adicción. La prostitución no es una vía sana de trabajo, y lo sabemos por todas las compañeras que han terminado de la peor manera”, enfatiza.

Claudina remarca que la importancia del cupo laboral trans no solo está en la transformación de las propias vidas de la comunidad trans y travesti, sino también en “reeducar” a la sociedad. “De las personas que transitan a diario, son pocas las que tienen personas trans cercanas, no se nos conoce. Todo lo que se conoce de nosotras son suposiciones, parte de un estigma histórico de una imagen que tienen de nosotras. Con que una compañera ocupe un lugar el Estado, le va a cambiar la vida a ese espacio laboral, a las personas que circulen ahí, eso va a ayudar que el cambio sea  a conciencia”, explica.

Las demandas de la comunidad, son muchas y urgentes: además de la pelea por la ley nacional del cupo laboral trans, uno de los reclamos es que se termine de reglamentar la ley de Identidad de Género y el acceso a la salud pública. “En el norte se nos ha negado históricamente, a través del maltrato, la exclusión, la ignorancia. Ir al hospital público para nosotras es una tortura constante, desde la recepción del lugar hasta los mismos médicos, no hay conciencia. Las compañeras prefieren morirse en sus casas a ir un hospital”.

Consultada por las expectativas en torno al avance de la ley nacional en esta nueva etapa y con la creaciòn del Ministerio de Mujeres, Gèneros y Diversidad, Claudina se manifiesta confiada y esperanzada: “Tengo las mejores expectativas porque conozco a las compañeras que participan en el ministerio, confió un montón en el trabajo que vienen haciendo. Que las compañeras del norte puedan formar parte de este ministerio nos abre puertas enormes”.

Hacia la ley nacional de cupo laboral trans

Actualmente, en Argentina sólo en cinco provincias está aprobada la ley de cupo trans, pero en ninguna se cumple, y la ley nacional -impulsada por la referente travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán-, duerme en el Congreso desde el 2018. La normativa contempla que el 1%  de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Las provincias con ley de cupo laboral trans son Provincia de Buenos Aires (aprobado en 2015 y reglamentado recién en 2019), Santa Fé ( 2019), Chubut, Río Negro y Chaco (2018).