Juzgan a un ex custodio de Scioli por un caso de “gatillo fácil”

Por: Gastón Rodríguez

Gabriel Yuguet está acusado de homicidio en exceso de legítima defensa de Braian “Toty” Mogica, de apenas 16 años, cometido en noviembre de 2013 cuando era miembro de la custodia oficial del entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli.

Casi once años tuvo que esperar Agustina Agüera para ver al policía que asesinó a su hijo de 16 años rindiendo cuentas en una sala de tribunales. “Yo quiero que la justicia lo condene y que pague por lo que hizo. No tenía ningún derecho a matarlo por la espalda por más que fuera el custodio de Scioli (en referencia al ex gobernador bonaerense y actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación). Pedimos que le den perpetua. Ojalá, Dios nos oiga”.

Gabriel Yuguet, ex custodio de Scioli

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de La Plata está juzgando al oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Benjamín Yuguet, quien fuera miembro de la custodia oficial del entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli, por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa de Braian “Toty” Mogica, cometido en la madrugada del 19 de noviembre de 2013.

Los abogados de la familia de Toty, en su carácter de particular damnificado, acusan a Yuguet de homicidio calificado por ser funcionario de la fuerza de seguridad y agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con tentativa de homicidio calificado por ser funcionario de la fuerza de seguridad y agravado por el uso de arma de fuego, lo que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua. Se trata de la única acusación porque la fiscalía nunca elevó la causa a juicio.

En tanto, la defensa del policía, a cargo de los abogados Ricardo Beley y Bruno Strassera, plantearon que el hecho se trató de una legítima defensa y pidieron su absolución. La lectura del veredicto será el próximo miércoles 30 de octubre.

“Dolo directo de matar”

Aquella madrugada de noviembre del 2013 resultó fatídica por el cruce de Toty, a bordo de una moto conducida por Raúl Villalba, de 20 años, y Yuguet, quien volvía a su casa en bicicleta vestido de civil, en la esquina de 132 y 530 de San Carlos, en el partido de La Plata.

De acuerdo a la versión del policía, cuatro jóvenes en dos motos lo encerraron con intención de robarle. Al ver que uno de ellos portaba un cuchillo, empuñó su arma reglamentaria y disparó, hiriendo a Villalba (que debió ser atendido en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero) y provocando la muerte de Toty.

“Planteamos de forma clara el hecho como un caso de gatillo fácil: el policía le disparó por la espalda a dos pibes en moto porque se asustó por los cortes del caño de escape. En ese contexto, marcamos que la autopsia dice que el disparo fue realizado de abajo hacia arriba, atravesando a la víctima e hiriendo en el hombro a Villalba”, explica Ignacio Fernández Camillo, abogado de la familia de Toty.

“Esa circunstancia –insiste– demuestra que el policía no estaba arriba de la bicicleta como declaró, ni siquiera estaba parado; se infiere que estaba con rodilla en tierra, es decir, en posición de tiro, acertando en el corazón y en los grandes vasos sanguíneos de Toty. Un diez de puntuación en entrenamiento de tiro. Fue premeditado y con dolo directo de matar”.

Sin respuesta

La investigación por el asesinato de Toty estuvo en un principio a cargo del fiscal Tomás Morán (hoy destituido y enfrentando un juicio por resonantes hechos de corrupción), pero fue desplazado por mal desempeño. El expediente derivó en la fiscal Betina Lacki, quién imputó al oficial Yuguet por homicidio en exceso de legítima defensa.

El Juzgado de Garantías N 4 de La Plata entendió que se trató de una legítima defensa y resolvió sobreseer a Yuguet. El mismo criterio tuvo el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, que desistió de acusarlo.

“El fiscal general tiene la obligación de seguir la acción penal mientras no haya certeza positiva. No solo la Fiscal Lacki lo entendió así, sino que cuando la investigación fue a la Cámara, ésta también entendió que no había certeza positiva y elevó la causa a juicio”, se queja Fernández Camillo.

«La defensa –continua el abogado– dijo que la víctima fue a robar, que sabía a lo que se exponía, que se dejó llevar por su mala junta y se encontró con la persona equivocada. No hubo racionalidad del medio empleado. ¿Cuál fue la posibilidad real de peligro del policía o de un tercero que justificara que lo matara de un tiro por la espalda? Ninguna».

Agustina tiene 55 años, es ama de casa y vive en tratamiento psiquiátrico desde que le asesinaron al menor de sus seis hijos. “Esa noche –dice– me llamó un amigo de él para avisarme, fui sola y lo encontré muerto ahí en la calle. En todo este tiempo nadie me escuchó, el policía no estuvo ni un solo día preso, estos once años los pasó en libertad. Este juicio es la primera respuesta que me dio el Estado”.

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