Lo hicieron a través de su abogado, Fernando Burlando, aduciendo "perturbación de testigos", "actos de manipulación" y "comportamientos obstructivos graves", entre otros aspectos que se dieron durante el juicio por la muerte de Diego.
Burlando peticionó en forma subsidiaria la prohibición absoluta para salir del país y la entrega del pasaporte, como así también la restricción de acercamiento y contacto (dinero, personal o indirecto) hacia los testigos de la investigación que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.
A su vez, el abogado pidió al juez de Garantías que considere la entrevista que la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial ofreció en Telenoche a los periodistas Nelson Castro y Dominique Metzger, donde realizó «manifestaciones públicas incompatibles con su calidad de investigada».
Según el letrado, «el obrar de la magistrada», al participar y permitir la realización del documental Justicia Divina, «expuso a las víctimas en un contexto ajeno, comercial y abusivo», y tras ser destituida, «continua con una actitud hostil» al referirse al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que se reanudará el 17 de marzo de 2026.
Otro de los puntos que destaca el escrito menciona la «prohibición de emitir comentarios mediáticos y entrevistas vinculadas a la causa Maradona, bajo apercibimiento de sanciones coercitivas».
Makintach se encuentra imputada en la causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
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