Daniel Arroyo: «La emergencia alimentaria es un reclamo de sentido común»

Es una de las voces de referencia en materia de políticas sociales en el Frente de Todos. Por esa razón, las versiones sobre un potencial gabinete de Alberto Fernández siempre lo incluyen como candidato con chances para el ministerio de Desarrollo Social. Diputado, exviceministro del área durante la etapa kirchnerista, Daniel Arroyo prefiere esquivar las especulaciones y, en cambio, apuntalar el pedido para que el gobierno de Mauricio Macri declare la emergencia alimentaria.

El reclamo logró cohesionar a organizaciones sociales, territoriales y político-partidarias. Junto a otros 14 diputados, Arroyo firmó en las últimas horas el pedido formal al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, para que este jueves se debata en el recinto el proyecto unificado de la oposición.

La iniciativa incluye, entre sus puntos centrales, el pedido de prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50 por ciento de las partidas alimentarias y su actualización cada tres meses aplicando un esquema que haga eje en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la canasta básica.

El proyecto apunta a dos objetivos centrales: reasignar partidas presupuestarias y generar mecanismos para que el Estado pueda adquirir alimentos en forma rápida. «Se trata de un acto administrativo que sirve para acelerar procesos ante una realidad que el gobierno no puede ocultar ni dejar de ver”, señaló Arroyo en diálogo con Tiempo.

-¿Por qué es urgente declarar la emergencia alimentaria?

–  Hay más gente en los comedores, se registra un desborde. También aumentaron los índices de mal nutrición: la gente que come todos los días fideos y arroz. Declarar la emergencia implica para el gobierno un acto administrativo.  Y por eso no se entiende por qué se resiste más allá de la discusión semántica y el debate político que genera. Esto sirve para acelerar procesos.

– ¿Cuáles son los antecedentes más inmediatos?

– La emergencia se declaró en 2002 en medio de la crisis derivada del estallido de 2001. En 2016 se sancionó la Ley de Emergencia Social. Pero es clave entender que cuando hay una inundación, por ejemplo, también se declara la emergencia. El objetivo, en todos los casos, supone acelerar procesos administrativos para llegar más rápido con la ayuda y la asistencia.

– Implica entonces que el financiamiento está garantizado…

– Se trata de rearmar y reorganizar partidas frente a la emergencia. No tiene impacto fiscal y permite atender el problema. El jueves habrá sesión y espero que lo aprobemos. No veo que nadie pueda votar en contra de esto. Es de puro sentido común y el gobierno podría hacerlo por un decreto. Comer o no comer es una línea que no se puede pasar…

– ¿De qué forma agravó la situación en el Conurbano la crisis post PASO?

En los últimos 20 días se paró totalmente la actividad económica. No hay trabajo, ni changas. El Conurbano es el mundo de las changas. Al mismo tiempo, aumentaron 30 por ciento los alimentos. Es decir que hay menos ingresos y más costo de vida; las dos cosas juntas en un nivel de deterioro profundo.

– ¿Hay riesgo de mayor conflictividad social?

– Existen muchos sectores haciendo todo para que eso no suceda. Organizaciones sociales, territoriales, parroquiales, políticas, están conteniendo y trabajando. Nadie quiere que haya lío, pero necesitamos ayuda alimentaria sistemática.

– ¿Existen puntos de contacto con el escenario y el contexto de 2001?

– En 2001 teníamos 28 por ciento de desocupación y 60 por ciento de economía informal. Esa situación no es la de hoy, pero había dos elementos a tener en cuenta: los alimentos eran accesibles y ese era un punto clave. Tampoco se había roto la cadena: hubo mecanismos de sostén. Ahora tenemos una caída extendida en el tiempo y eso fue endeudando a las familias. Es una crisis más extendida en el tiempo y el Estado se fue corriendo.