De 20 presos fallecidos en 2016, 12 no tenían condena y hubo siete muertes violentas

La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un informe sobre las muertes registradas en las cárceles bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Algunos datos del primer semestre de 2016 erizan la piel y merecen un desglose: de los 20 fallecidos, siete murieron de manera violenta. Además, 12 de ellos no contaban con una condena firme. Es decir, que a los ojos de la ley, son inocentes que mueren bajo la tutela del Estado.

La Procuración, encargada de defender los derechos de los presos y de velar por los tratados internacionales a los que ha adherido la Argentina, analiza todas las muertes ocurridas en los últimos siete años en el ejido del SPF y busca garantizar que se lleve adelante una investigación imparcial ante cada caso.

Desde 2009 hasta junio de 2016, hubo 327 muertes. En todo este período, los casos sin condena representaron el 47%, pero en el primer semestre de este año esa variable se pronunció de manera significativa alcanzando el 60 por ciento. “Esa cifra alerta respecto del elevado porcentaje de personas detenidas cautelarmente, fallecidas bajo custodia del SPF siendo inocentes, al carecer de condena firme”, indicaron los funcionarios de la Procuración en el informe presentado esta semana.
Al igual que en años anteriores, el 65% de los casos de 2016 se concentró en las cárceles de máxima seguridad para varones adultos del área metropolitana. La situación del Complejo Penitenciario Federal I, de Ezeiza, es la que más se destaca con siete muertes, el 35% del total; el Complejo Penitenciario Federal de la CABA le sigue con tres casos.

El Complejo Penitenciario Federal II, de Marcos Paz, y el Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas tuvieron dos muertes en cada sitio; luego, sobre todo en el segundo trimestre, se registró una dispersión de los casos, dándose un fallecimiento en cada uno de los siguientes lugares de reclusión: la Cárcel Federal de Jujuy; El Centro Judicial de Detención de Mendoza; la Prisión Regional del Sur; la Colonia Penal de Santa Rosa; el Complejo Penitenciario III, de Güemes; y la Prisión Regional del Norte.

Desde 2009, la principal causa de muerte de los internos son las enfermedades, siendo el 51 por ciento. Esta tendencia se mantiene en la primera mitad de 2016, donde representa el 55 por ciento. En números concretos, los fallecidos por enfermedades varias fueron nueve; mientras que otros dos internos murieron por derivaciones del HIV y otro murió de manera súbita.

La Procuración entiende como muerte violenta a los “homicidios, suicidios, accidentes y demás causas dudosas donde pueda constatarse el carácter traumático del hecho. Para esta categorización se siguen prioritariamente los documentos creados por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación”. De acuerdo a esta categoría, en estos seis meses hubo tres ahorcamientos; tres crímenes con armas blancas; un muerto por incendio; y un caso cuya causa aún no pudo ser corroborada.

Sobre las muertes violentas, los registros presentan cifras disímiles entre el primer y el segundo trimestre. En el primer caso, hubo tres muertes naturales y cinco violentas; en cambio, en los tres meses restantes hubo diez muertes naturales y dos violentas.

Respecto a las franjas etarias, en este semestre se mantiene “la histórica distribución de las muertes violentas entre el colectivo de presos más jóvenes y los fallecimientos por enfermedad entre las personas detenidas de mayor edad”, indicaron desde la Procuración en el informe, que también precisa que “la concentración del 85,7% de muertes violentas pertenece a menores de 35 años y el 84,6% de las no violentas a mayores de esa edad”.
A modo de conclusión, los funcion124 casos
de torturas y malos tratos

Varios que responden al procurador Francisco Mugnolo sostuvieron que “el caso del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza resulta especialmente preocupante, ya que se registran en el semestre tres muertes violentas (un caso por heridas de arma blanca, otro bajo la modalidad de ahorcamiento y el tercero en contexto de incendio), además de cuatro muertes no violentas por enfermedad”.

En el informe, los especialistas coincidieron en señalar que si bien “desde 2009, las investigaciones administrativas realizadas por la Procuración se han caracterizado por la falta de colaboración de la administración penitenciaria, la situación fue revertida progresivamente desde el año 2015, como respuesta a las reiteradas estrategias administrativas y judiciales desplegadas por este organismo”. En ese sentido, un 85% de los casos –es decir, 17 muertes– fueron informados a este organismo dentro de las primeras 48 horas, cuando antes, los porcentajes eran inversos. 

124 casos de torturas y malos tratos

Uno de los trabajos más importantes de la Procuración Penitenciaria Federal, encabezada por Francisco Mugnolo, es denunciar los abusos de los agentes del Servicio Penitenciario Federal. De los informes periódicos que realiza el organismo se desprende que sólo en el primer trimestre de este año hubo 124 casos de “torturas y malos tratos”.
Los complejos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz se disputan el primer lugar en la comisión de estos delitos: cada uno de estos centros carcelarios tiene 27 casos catalogados de esta manera.

El triste ranking continúa con la Unidad 4 «Colonia Penal de Santa Rosa», con 15 casos; la Unidad 12 «Colonia Penal de Viedma», con once; la Unidad 6 «Instituto de Seguridad y Resocialización», con nueve; el Complejo Federal para Jóvenes Adultos, con ocho; y el Complejo Penitenciario Federal de CABA, con siete. Otras nueve cárceles se reparten los 20 casos restantes.
En este informe, “se destaca que durante el primer trimestre se presentaron 45 denuncias penales”.
El caso de Brian Núñez (foto), por ponerle nombre y apellido a uno de estos números, es clave para entender el accionar de los agentes penitenciarios. El muchacho estaba detenido en Marcos Paz desde 2009, pero en 2011 su vida cambió: recibió una tremenda paliza que lo dejó sordo de un oído y algunos meses en una silla de ruedas. A mediados de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín condenó a cuatro de sus celadores a penas de 8 y 9 años de prisión por haberlo torturado. La Procuración fue querellante en la causa.