De espalda a los vecinos, la Legislatura aprobó la venta de terrenos en la Villa 31

Unos seis predios de la ciudad de Buenos Aires, situados en la Villa 31 de Retiro, podrán ser vendidos por el Gobierno porteño para financiar obras de infraestructura social y amortizar deuda, de acuerdo a una ley aprobada este jueves en la Legislatura, en una sesión en la que vecinos rechazaron la iniciativa por considerar que no garantiza que puedan adquirir esos terrenos que habitan.

En rigor, la norma recibió 41 votos afirmativos del interbloque oficialista, que reúne a Vamos Juntos y Evolución, y 17 en contra y abarcó unos 12 terrenos distribuidos en la Ciudad, incluidos los del barrio Carlos Mugica, conocido como Villa 31, y uno ubicado donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio de Mataderos, que se mudará al partido bonaerense de Cañuelas.

La iniciativa fue remitida en marzo por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura y debatida por la Comisión de Presupuesto, desde donde se realizaron modificaciones.

La Comisión de Presupuesto de la Legislatura había aprobado la venta del 35% del Mercado de Hacienda en Mataderos, y de otros 12 predios, para saldar la deuda de 175 millones de dólares, parte de los 400 millones que Nación le pidió a la Corporación Andina de Fomento para realizar el Paseo del Bajo (aunque terminó costando U$S 650 millones), y que luego transfirió a la Ciudad. De esos predios, uno se encuentra dentro del barrio, y otros seis en terrenos linderos. El proyecto no asegura que los futuros dueños vayan a ser los vecinos que deben ser relocalizados, y deja abierta la puerta para el ingreso de desarrolladores inmobiliarios.

De acuerdo a la Ley 6129 de reurbanización del barrio, todas las decisiones deben tratarse primero en el Consejo de Gestión Participativa (CGP), integrado por representantes del barrio, organismos públicos, y por el propio gobierno. Sin embargo, este proyecto avanzó sin ser propuesto en esa instancia. A diferencia de las otras villas de la Ciudad, en la 31 y 31 Bis las tareas de urbanización están a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana, creada por Larreta para tal fin. Son las que tienen más reclamos de todos los asentamientos porteños.

Una de las ONG que integran el CGP es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que a través de un comunicado pidió la suspensión de la iniciativa. «Creemos que el objetivo es vender esas tierras a terceros, a pesar de que podrían resolver problemas habitacionales, porque la cantidad de viviendas nuevas pautadas de ninguna manera alcanzará a satisfacer la necesidad habitacional del barrio. Si quisieran destinarlas a los habitantes, lo explicitarían en el texto», expresó a Tiempo Pablo Vitale, codirector de ACIJ.

Amalia Aima tiene 54 años. Desde bebita habita el barrio, cuando su madre llegó desde Jujuy con ella y otros seis hermanos. Junto a sus cuatro hijos, nietos y sobrinos, vive en «la parte más histórica», lindera a la Terminal de Retiro: «La venta de tierras es muy preocupante porque no figura que sea en beneficio de los vecinos. Ya con la Ley 6129 habilitaron a que después de cinco años la gente pueda vender su lugar, o que un tercero abone el valor de tres hipotecas y se quede con la casa. No estuvimos de acuerdo pero salió igual».

Amalia dice que el actual proyecto «salió entre gallos y medianoche», y se lamenta porque «mientras se demora la urbanización, y no se debate con los vecinos qué hacer, la villa crece en cantidad de familias, que no son censadas».

La crisis pega fuerte en la ciudad, pero en estos barrios explota: «Llega gente de clase media que nunca pisó una villa, diciendo que alquilaba en otro barrio y ya no puede seguir». Arrastran otro temor: «Hay miedo de que hagan negocios inmobiliarios y aumente el valor de la tierra. Es otra forma de expulsarnos».

Los que esperan ser reurbanizados aún desconocen a cuánto ascenderán las cuotas. «El sistema constructivo steel framing adoptado para las viviendas nuevas no fue consensuado con los habitantes. Señalan que están acostumbrados a lidiar con plagas, y es común que las ratas se instalen dentro de las cocinas, por el material interno aislante», acota Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y enumera: «Las viviendas del Conjunto Habitacional Containera Azul presentan graves problemas de filtraciones. En algunas hubo desprendimientos de cielorrasos, y no cuentan con red de gas natural. La capacidad de la instalación eléctrica fue mal calculada y colapsa al encender más de un artefacto».

Una urbanización cuestionada por los vecinos

Mientras avanza la venta de tierras en el barrio Carlos Mugica, la urbanización encarada por el gobierno permanece envuelta en dudas y denuncias. A principios de junio, legisladores, vecinos y representantes de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), recorrieron la villa y escucharon las demandas, especialmente en el sector Bajo Autopista, el más próximo a ser mudado, en el que viven más de 800 familias, un 10% del total de las villas 31 y 31 Bis.

Hay habitantes que no fueron censados y otros directamente no fueron considerados como grupo familiar. Los vecinos apuntaron que los modelos de escritura son imprecisos y se contradicen con puntos que les habían informado verbalmente. A menos de un mes de la fecha probable de relocalización, no saben el valor de la vivienda que les adjudicarán ni el precio de las cuotas que deberán pagar. Las casas aún no cuentan con accesos para ambulancias, ni asfalto, ni veredas.
En la Mesa de Urbanización Participativa aseguraron que con la mudanza a las nuevas casas en el sector del predio YPF, las condiciones de vida son peores: «Fueron hechas con paredes de Durlock. Allí no hay posibilidad ni siquiera de usar gas». Desde la Secretaría de Integración Urbana respondieron que los 26 edificios son «viviendas sustentables y de calidad. Se trata de un sistema de construcción en seco, que dentro de sus beneficios presenta la facilidad y rapidez a la hora de realizar reparaciones, sin necesidad de romper paredes ni generar suciedad». Los vecinos firmaron un pedido de acceso a la información pública exigiendo conocer cuáles fueron los criterios para seleccionar las familias beneficiarias, las previsiones ambientales que se tomaron, el precio del metro cuadrado y las fechas previstas para las etapas de la relocalización. Aún no fue respondido.