De Guatemala a Guatepeor: la proscripción y la sombra del genocidio

El 25 de junio se celebran las elecciones generales en Guatemala, pero este domingo finaliza el plazo para la inscripción de candidaturas. El hecho más notable es la impugnación de la candidatura de Thelma Cabrera, la única candidata maya perteneciente al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL). En las elecciones de 2019, Cabrera obtuvo el cuarto lugar y nuevamente fue proclamada candidata en 2022 junto a Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos. El 28 de enero, el Tribunal Supremo Electoral declaró no procedente la inscripción del binomio, bajo argumentos irrisorios. No fue la única candidatura impugnada, también lo está la de Roberto Arzú, sin embargo, en términos de representación Arzú es uno más en la veintena de candidaturas de derecha blanca que se presentan en los comicios. Cabrera es la única que representa al 46,2% de la población rural -casi 7 millones, siendo la mayor concentración rural después de Haití- y al pueblo maya, que concentra 41,7% de la población según datos del censo de 2018. El caso es tan notable que organizaciones variopintas como la OEA, Human Rights Watch  y la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA, en inglés) manifestaron su preocupación ante la falta de transparencia. El Movimiento indígena junto a miembros de la Asamblea Social y Popular, y de la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado exigen participar en las elecciones denunciando un fraude electoral en marcha.

Para contextualizar, la guerra civil guatemalteca duró más de 36 años (1960-1996) y arrojó un saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El mayor recrudecimiento se dio el 23 de marzo de 1982, cuando el General Efraín Ríos Montt dio un golpe de Estado, él junto a altos cargos militares fueron acusados de genocidio y tortura sistemática. En 2013, Ríos Montt y su exjefe de inteligencia fueron acusados por las masacres en quince poblados ixiles en los que fueron asesinados 1711 hombres, mujeres y niñes desarmados. La violencia sexual contra las niñas y mujeres ixiles fue generalizada y, tal como sostiene Rita Segato, fue instrumentalizada como arma de guerra. Si bien fue condenado a 80 años de prisión por genocidio, la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad ese mismo año por la presión de militares retirados y los poderes económicos. Tres de los cinco jueces fueron los responsables.

Desde 1996, los acuerdos de Paz reconocieron el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad guatemalteca y la identidad de los pueblos maya, xinca y garífuna, sin embargo, no fueron efectivos. La reforma constitucional aún continúa pendiente ya que en 1999 se realizó una consulta popular y una coalición de grupos empresariales, protestantes y sectores conservadores se movilizaron contra las reformas, particularmente las referidas al reconocimiento de la plurinacionalidad, mientras la concentración de la tierra continuó expulsando y empobreciendo a los pueblos indígenas rurales.

La convivencia de una red mafiosa entre el poder económico, judicial, político, redes militares (activos o retirados) y grupos criminales vinculados al narcotráfico es considerado como el “Gran Pacto de Corruptos”. Éstos fueron ampliando su influencia y control sobre las instituciones para beneficiarse económicamente y garantizarse impunidad. Con el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina (2011-2015), estas redes lograron el control del Ejecutivo, la subordinación mediante sobornos de parte del Legislativo y el control parcial del sistema de justicia. La movilización ciudadana de 2015 contra esas estructuras, provocaron la renuncia y encarcelamiento de algunos altos funcionarios. Los gobiernos sucesivos, encabezados por Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei, actualmente en el poder, fueron electos con el apoyo y la participación directa de estas redes.

Mientras Cabrera está proscripta bajo un manto tecnicismos, la hija del dictador, Zury Ríos Montt, cuya candidatura fue inhabilitada en 2015 y 2019 ya que infringe el artículo 186 inciso C de la Constitución actual fue admitida en estos comicios. De acuerdo a una reciente encuesta de CID Gallup, la hija del dictador encabeza las preferencias, siguiendo la moda regional de lideresas punitivistas como Patricia Bullrich y Keiko Fujimori. El pueblo maya sigue sosteniendo: NUNCA MÁS.