
En el caso de la Argentina, la fórmula bélica orientó varias opiniones en el debate público con una particularidad: la abundancia de las comparaciones que, desde el discurso histórico, se lanzaron para poder iluminar el presente al que asistimos. O para intervenir sobre él, que parece lo mismo pero no es igual. Analogías que, cuando no son acompañadas por otros condimentos, dejan un gusto a reduccionismo en el paladar. Algunos análisis se apresuraron a conectar metáfora bélica con estado de excepción, con la guerra de Malvinas, con el régimen dictatorial o, incluso, con un “galtierismo explícito”. Otras intervenciones asimilaron la aglomeración de jubilados en la puerta de los bancos en plena cuarentena con un genocidio; la unidad nacional buscada por el Presidente, por su parte, fue entendida como un mero reflejo totalitario.
¿Alcanzan los llamados de Fernández a la unidad o el teletón de la semana pasada para comparar el contexto actual con el de la guerra de Malvinas? El peligro que corrieron los jubilados por la mala praxis estatal ¿se puede asemejar a la muerte planificada y rutinizada propia de los campos de exterminio? El truco de estos paralelismos no está en lo que dicen sino en lo que esconden. “No se puede hacer más lento”, sentenciaba el ilusionista René Lavand mientras nos ocultaba las cartas que decía enseñarnos.
Las acusaciones sobre la “malvinización” que asomaría detrás las medidas llevadas adelante por la gestión de Fernández desconocen –o, mejor dicho, dejan de lado intencionalmente– las enormes diferencias entre ambos procesos. Esto es, por un lado, una guerra convencional decidida por una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos más elementales de la sociedad y, por el otro, un consenso político mayoritario conseguido por una administración que recién inicia su mandato, en torno a la peligrosidad de una enfermedad global. Describir las circunstancias vigentes en una comparación con Malvinas, entonces, podría tener dos sentidos: el más burdo, homologar el gobierno actual con el régimen de facto. Uno más sutil, pero no por eso más adecuado, podría plantear que los acuerdos ¿logrados? en la lucha contra la pandemia posibilitan la fuga hacia delante de una gestión que atravesaría una crisis similar a la de la dictadura en 1982. No obstante, implicaría sobreestimar el peso de las exigencias sociales para un gobierno que apenas alcanzó los 120 días de duración y que no eligió en un escritorio el inicio de ninguna guerra, sino que se topó, en contra de su voluntad, con un problema de calibre mundial.
La historia puede echar luz sobre el presente, claro que sí, pero nunca a costa de pervertir sus propios principios de comprensión, dados por el cruce entre los discursos, las prácticas e imaginarios de una época y susmarcos de emergencia. Recortar estas dimensiones con el mero fin de provocar un efecto político en el presente tan solo contribuye a dinamitar los puentes de entendimiento que el debate público debería auspiciar.
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